Autonomía plena de personas mayores en Chile: desafíos de la implementación normativa

Chile ha avanzado en la aprobación de una legislación integral destinada a proteger y garantizar los derechos de sus personas mayores, cumpliendo con obligaciones derivadas de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la existencia de un marco regulatorio robusto no siempre garantiza su efectiva implementación en la práctica institucional y social.

La brecha entre la norma y su ejecución es particularmente evidente en materia de autonomía de personas mayores. Aunque la ley reconoce el derecho de las personas de edad avanzada a tomar decisiones sobre sus propias vidas—incluyendo asuntos patrimoniales, de salud y de participación social—persisten obstáculos estructurales que limitan su ejercicio pleno.

Entre los desafíos identificados se encuentran: la persistencia de prácticas paternalistas en instituciones públicas y privadas, la falta de capacitación de funcionarios judiciales y administrativos en la perspectiva de derechos de personas mayores, deficiencias en acceso a información en formato accesible, y la ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización de vulneraciones.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el dilema chileno es común en jurisdicciones que han reformado su legislación de protección a personas mayores sin acompañar estas normas de cambios culturales e institucionales profundos. Países como Argentina, Uruguay y España han enfrentado problemas análogos: leyes avanzadas que conviven con prácticas que perpetúan la infantilización de adultos mayores en contextos de vulnerabilidad socioeconómica.

La pregunta que emerge no es meramente técnica o legislativa, sino fundamentalmente política: ¿está Chile dispuesto a invertir recursos públicos en capacitación, fiscalización y monitoreo efectivo de la autonomía de personas mayores, más allá de las declaraciones normativas? La respuesta determinará si la ley integral representa un quiebre genuine con patrones históricos de discriminación por edad o permanece como un instrumento simbólico.

Fuente: Agenda Estado de Derecho.