La raza ha moldeado históricamente el derecho de ciudadanía en Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos revisó durante una audiencia oral reciente cómo la categorización racial ha jugado un papel determinante en la ley de ciudadanía e inmigración desde los primeros días de la república estadounidense. El debate se produjo en el caso Mullin v. Doe, que cuestiona la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para nacionales haitianos y sirios.

La justicia Samuel Alito ilustró durante la audiencia cómo la raza continúa teniendo un rol relevante en la política migratoria actual. El caso surge tras el anuncio hecho hace un año por Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, de que ciudadanos de 13 países, incluyendo Haití y Siria, perderían sus protecciones bajo el TPS, un régimen legal que permite que ciertos migrantes residan y trabajen en territorio estadounidense por razones humanitarias.

Geoffrey Pipoly, abogado que representa a receptores haitianos de TPS, argumentó que la decisión de la administración Trump de terminar las protecciones incurría en discriminación racial contra migrantes de color, revelando lo que denominó un "desprecio desnudo" por los haitianos en particular. Durante los alegatos, Alito presionó a Pipoly para que clarificara los límites de las clasificaciones raciales que alega violarían el debido proceso.

Este litigio pone nuevamente en el centro del debate constitucional estadounidense la forma en que la raza ha servido históricamente como instrumento de poder en la determinación de quién puede pertenecer a la comunidad política. Desde las leyes de naturalización colonial que excluían explícitamente a no blancos, hasta políticas migratorias contemporáneas que generan impactos desproporcionados según origen nacional y composición racial, la intersección entre raza e inmigración permanece como una cuestión no resuelta en el constitucionalismo estadounidense.

La resolución de Mullin v. Doe podría establecer importantes precedentes sobre si las decisiones de política migratoria que afectan desproporcionadamente a poblaciones de color están sujetas a escrutinio constitucional reforzado por motivos de discriminación racial.