La Corte Suprema estadounidense rechaza derecho a jurado en procedimientos de sanciones de la FCC

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los procedimientos administrativos utilizados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para imponer sanciones a empresas de telefonía móvil no vulneran el derecho a jurado garantizado por la Séptima Enmienda de la Constitución estadounidense.

El fallo, dictado por mayoría de 8-1, rechazó el cuestionamiento presentado por AT&T y Verizon contra el proceso que permite a la FCC emitir órdenes encontrando responsabilidad de una empresa y ordenando el pago de multas, sin necesidad de mediación de un tribunal de jurados.

El litigio se originó después de que la FCC emitiera órdenes de sanciones por USD 57 millones contra AT&T y USD 47 millones contra Verizon por mal manejo de datos de ubicación de clientes protegidos por confidencialidad. Ambas empresas optaron por impugnar las decisiones ante cortes federales de apelaciones, alegando que el procedimiento administrativo violaba garantías constitucionales.

Las compañías tenían dos opciones: recurrir a una corte federal de apelaciones para revisar las órdenes de la FCC con un estándar deferencial, o esperar para verificar si la agencia solicita al Departamento de Justicia que presente una demanda para hacer cumplir las multas. Ambas eligieron la primera opción y argumentaron en los tribunales de apelaciones que los procedimientos de ejecución de la FCC violaban la Séptima Enmienda.

La decisión de la Corte Suprema consolida la práctica histórica de permitir que agencias administrativas federales impongan sanciones sin recurrir a procedimientos con jurado, reflejando un amplio reconocimiento de que ciertos procesos regulatorios pueden funcionar sin esa garantía cuando se respetan otros protocolos de debido proceso.

Esta sentencia tiene relevancia en el derecho administrativo comparado, particularmente en discusiones sobre los límites de las garantías procesales en procedimientos regulatorios y la extensión del control judicial sobre decisiones de agencias especializadas.