#derechos de las víctimas

Monto asciende a 395 millones de dólares

Iglesia Católica de California (EE.UU) acuerda indemnizar a víctimas de abuso sexual

La Arquidiócesis de San Francisco pactó una compensación económica histórica para poner fin a los procesos judiciales iniciados por centenares de personas abusadas por miembros del clero. El pacto legal incluye compromisos de transparencia institucional y la publicación de registros con los nombres de los religiosos denunciados, lo que permitirá además resolver la situación de quiebra financiera de la institución.

03 de julio de 2026

Falta de servicio

Provincia de Buenos Aires debe indemnizar por no proteger a mujer asesinada a pesar de las reiteradas denuncias de amenazas y hostigamientos que realizó

La Corte Suprema de Argentina dejó firme la condena contra la provincia de Buenos Aires por la falta de medidas de protección frente a reiteradas denuncias de amenazas y hostigamientos realizadas por una mujer que luego fue asesinada. Los tribunales concluyeron que las advertencias constituían una alerta temprana de peligro y que la inacción estatal configuró falta de servicio.

20 de junio de 2026

Suicidio femicida: un desafío a la causalidad

El presente artículo analiza las dificultades dogmáticas que plantea la figura del suicidio femicida, introducida por la Ley N.º 21.523, en el Código Penal chileno. A partir del primer fallo condenatorio, dictado el Juzgado de Garantía de Copiapó, se examinan los desafíos que esta nueva tipificación penal presenta en materia de tipicidad objetiva, causalidad, imputación subjetiva, autonomía de la víctima y principio de legalidad. Se discute si la figura responde a una estructura preterintencional, una forma atípica de inducción o una omisión con deber de garante, advirtiéndose los riesgos de u

29 de agosto de 2025

Obligaciones primarias versus subsidiarias: el dilema de las medidas alternativas para crímenes de lesa humanidad

La prohibición absoluta de tortura no genera automáticamente un derecho a penas alternativas, sino una obligación estatal de garantizar condiciones dignas de reclusión. Solo cuando esta obligación primaria resulta insuficiente surge la obligación subsidiaria de considerar modalidades alternativas de cumplimiento.

21 de julio de 2025