TOP de Arica condena a funcionarios de Vialidad por negociación incompatible, soborno y lavado de activos

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a tres funcionarios de la Dirección de Vialidad —a la época de los hechos— y a un particular, por su responsabilidad en los delitos de negociación incompatible, soborno y lavado de activos, en el marco de la causa conocida como "caso Vialidad".

En fallo unánime (causa rol 248-2025), el tribunal —integrado por los magistrados Sergio Álvarez Cáceres (presidente), Jairo Martínez Cuadra (redactor) y Sara Pizarro Grandón— estableció que los ilícitos fueron perpetrados en 2022 y 2023 en la comuna de Arica, en el marco de una investigación desarrollada por el Ministerio Público junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).

El tribunal condenó a G.E.L.F. a dos penas de 61 días de presidio, sustituidas por la remisión condicional por el término de un año, más la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas y el pago de dos multas de $1.200.000, en calidad de autor de dos delitos recalificados de negociación incompatible, cometidos en 2022 y 2023.

Asimismo, condenó al acusado C.A.D.H. a dos penas de 61 días de presidio, sustituidas por la remisión condicional por el plazo de un año, accesorias legales y el pago de multas por $1.000.000 y $1.200.000 respectivamente, en calidad de autor de los delitos consumados de soborno (recalificado) y lavado de activos, cometidos en 2022 en la ciudad de Arica.

En el caso de la acusada L.R.M.H., el tribunal le impuso 61 días de presidio, sustituida por la remisión condicional por el plazo de un año, más la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 12 UTM, como autora del delito consumado de negociación incompatible, perpetrado en Arica en 2022.

Finalmente, A.M.A.A. fue condenado a la pena de 61 días de presidio, más las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y la suspensión para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, con empresas o asociaciones en que el Estado tenga una participación mayoritaria o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública, por el término de dos años; más el pago de una multa de $1.200.000, como autor del delito recalificado de cohecho consumado, perpetrado en Arica en 2022. Pena y multa que se tienen por cumplidas, por el mayor tiempo que permaneció privado de libertad.

En paralelo, el tribunal decretó la absolución de G.E.L.F. por falta de acreditación en los delitos de fraude al fisco (2), lavado de activos (2) y cohecho; de C.A.D.H. respecto de la acusación que le atribuía responsabilidad en tres delitos de fraude al fisco, cinco delitos de soborno y dos delitos de lavado de activos; y de L.R.M.H. por los delitos de fraude al fisco y soborno.

Además, se dictó absolución con condena en costas en partes iguales a los persecutores, en favor de las acusadas O.R.G.R. y R.A.Z.R., como autoras de lavado de activos; y de A.D.N.C., como autor del delito de cohecho.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que los acusados que en esa época cumplían cargos públicos en la Dirección de Vialidad, en su calidad de fiscalizadores de obras y contratos, favorecieron a empresas constructoras que ejecutaban trabajos en Arica, a cambio de pagos en dinero.