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Contraloría — Fraude en administración pública
Contraloría detecta "funcionario fantasma" en DAEM de Mulchén: cobró $33 millones sin registrar asistencia
El Informe Final N°255 de la CGR constató que una persona contratada como comunicador audiovisual nunca registró jornada laboral en casi cinco años y, en paralelo, mantenía contratos con empresas privadas.

La Contraloría Regional del Biobío confirmó la existencia de un "funcionario fantasma" y una serie de pagos indebidos en el ex Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Mulchén, ordenando la restitución de los fondos y la remisión de antecedentes al Ministerio Público.
A través del Informe Final de Investigación Especial N°255, emitido en abril de 2026, el órgano de control fiscalizó el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, detectando irregularidades vinculadas a la falta de registro de asistencia de funcionarios, al uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y a eventuales responsabilidades administrativas en la entidad edilicia.
La entidad fiscalizadora constató la contratación de cuatro personas que, de manera recurrente, presentaban inconsistencias en sus registros de asistencia. El caso más relevante corresponde a un funcionario que se habría desempeñado como comunicador audiovisual entre octubre de 2019 y diciembre de 2024. Tras la revisión, la CGR evidenció que esta persona nunca registró su jornada laboral ni se pudo acreditar las labores que realizó.
El servicio respondió que, tres días después de su renuncia voluntaria, el citado funcionario entregó un libro de asistencia con el registro de su jornada laboral, documento que nunca estuvo en poder del DAEM. Al no ser considerado un método de control idóneo, la Contraloría requirió antecedentes al Servicio de Impuestos Internos respecto de eventuales rentas y honorarios percibidos durante el período.
"Se identificó que al menos dos entidades privadas mantenían contrato con el también funcionario. Una de ellas, por una jornada laboral de 45 horas semanales", consigna el informe, lo que llevó al órgano de control a determinar "la imposibilidad física y material de efectuar las labores en el DAEM".
Pese a ello, el servicio le pagó íntegramente sus remuneraciones, correspondientes a más de $33.000.000 al total de haberes. Incluso, luego de su renuncia, el individuo recibió un finiquito superior a $1.500.000.
Tras lo observado, la CGR instruyó al municipio llevar a cabo las acciones necesarias para obtener la restitución de las sumas pagadas indebidamente, informar sobre el sumario administrativo en curso y remitir los antecedentes al Ministerio Público.
El informe aborda además la situación de un exfuncionario del DAEM que ejerció de manera simultánea como concejal de Yumbel, sin que existiera un acto administrativo que autorizara el uso de horas de su jornada laboral en la Municipalidad de Mulchén para desempeñar dicho cargo en otra comuna, ni mecanismo de compensación de las horas no trabajadas.
A ello se suma el caso de un funcionario que se desempeñó como monitor de talleres en el Liceo Nuevo Mundo y que, examinados los registros biométricos, presentaba 9 omisiones de salida y 108 ausencias diarias sin justificación. Una cuarta situación se vincula a una funcionaria que no marcó asistencia durante 184 días y omitió registros de entrada o salida en otros 255. En este caso, el municipio deberá acreditar el cumplimiento efectivo de sus funciones o, en su defecto, iniciar acciones para recuperar los fondos.
En materia de financiamiento educativo, el informe estableció que la contratación de tres abogados bajo el Código del Trabajo y con cargo a la SEP no se ajustó a las dimensiones y acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento Educativo (PME), por lo que el municipio deberá calcular y reintegrar los montos correspondientes al Ministerio de Educación.
Finalmente, la CGR ordenó que todas las medidas de seguimiento, sumarios y restituciones sean informadas y registradas en los sistemas institucionales correspondientes dentro de los plazos establecidos, reforzando la fiscalización sobre el uso de recursos públicos en el ámbito educativo municipal.
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