Contraloría detecta falencias de la SISS en la fiscalización de la calidad del agua potable

La Contraloría General de la República detectó una serie de falencias en la labor fiscalizadora que desarrolla la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) respecto del control de la calidad del agua potable suministrada por empresas sanitarias en distintas regiones del país.

Se trata del Informe Final N°51 de 2026, elaborado por la División de Infraestructura y Regulación del órgano de control, que revisó la actuación de la SISS frente a tres prestadoras —Aguas San Isidro, Nueva Atacama S.A. y Agua Potable Melipilla Norte S.A.— durante el período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2025.

De acuerdo con la auditoría, la superintendencia no efectuó inspecciones en terreno a las instalaciones de agua potable de las tres empresas examinadas, pese a la existencia de condiciones que eventualmente podrían afectar la calidad y continuidad del suministro a los usuarios.

El informe consignó, asimismo, que la SISS no cuenta con criterios formales de priorización que orienten su labor fiscalizadora, lo que podría incidir en la selección de los servicios sanitarios sujetos a evaluación y, por consiguiente, en la cobertura efectiva del control regulatorio.

La entidad fiscalizadora también detectó que la superintendencia no derivó antecedentes sobre eventuales incumplimientos a los organismos competentes —entre ellos, las respectivas seremis de Salud o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles— y que tampoco dispone de procedimientos internos que regulen dichas derivaciones.

"La SISS no efectuó inspecciones en terreno a las instalaciones de agua potable de Aguas San Isidro, Nueva Atacama S.A. y Agua Potable Melipilla Norte S.A., pese a la existencia de condiciones que eventualmente podrían afectar la calidad y continuidad del suministro", advierte el documento.

La CGR consignó, además, un desfase significativo en la evaluación semestral del sistema de autocontrol, situación que —según el informe— podría afectar la oportunidad de la adopción de medidas correctivas y el inicio de eventuales procedimientos sancionatorios. A ello se suman retrasos en la atención de reclamos de usuarios, con respuestas emitidas fuera de los plazos legales.

Frente a los hallazgos, el órgano contralor instruyó a la SISS adoptar medidas correctivas destinadas a fortalecer sus procesos de fiscalización, regularizar los mecanismos de derivación a otras instituciones, mejorar la oportunidad de las evaluaciones y sanciones, y asegurar el cumplimiento de los plazos de atención ciudadana. La superintendencia deberá informar el estado de implementación de tales medidas en un plazo de 60 días hábiles.

En la parte final del informe, la Contraloría reiteró la necesidad de robustecer o reimplantar un sistema nacional de control más coordinado y eficaz, planteamiento que la institución ha formulado en distintas oportunidades al advertir sobre la importancia de fortalecer las capacidades preventivas del Estado y mejorar la articulación entre los organismos fiscalizadores.

En ese contexto, la entidad fiscalizadora destacó que esta auditoría "vuelve a poner la relevancia de contar con mecanismos de control oportunos que permitan anticipar riesgos, asegurar el cumplimiento normativo y resguardar adecuadamente el interés público", en línea con los principios que sustentan el rol del control externo en la administración del Estado.