Cámaras apagadas y botones de pánico en cajas: CGR detecta irregularidades en seguridad de Estación Central y Padre Hurtado

La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en la gestión y ejecución de recursos públicos destinados a seguridad ciudadana en los municipios de Estación Central y Padre Hurtado, ambos de la Región Metropolitana, e instruyó la apertura de sumarios administrativos en ambas entidades edilicias para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.

Los hallazgos fueron consignados en los Informes N°521 y N°566, elaborados por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades del órgano contralor, e incluyen cámaras de televigilancia fuera de servicio, botones de pánico almacenados en cajas sin uso, ausencia de certificaciones técnicas y deficiencias en la articulación con Carabineros.

En el caso de la Municipalidad de Estación Central, la entidad fiscalizadora verificó que en las unidades vecinales con mayor concentración de delitos durante 2024 se encuentra también el mayor número de cámaras instaladas —40 en total—; sin embargo, 19 de ellas no se encontraban operativas a junio de ese año. En otros sectores con alta incidencia delictual, de las 17 cámaras instaladas, 9 estaban fuera de servicio.

"Un 58% de las cámaras instaladas desde mayo de 2024 —y de aquellas puestas en marcha hasta junio de 2025— no se mantenían operativas", consigna el informe, detectándose en algunos casos fallas prolongadas por más de un año, lo que afecta directamente la eficacia del sistema de vigilancia comunal.

En materia financiera, la CGR señaló que el municipio suscribió con el Gobierno Regional Metropolitano el convenio "Vigilancia Eje Alameda", por un monto total de $4.504 millones, de los cuales se transfirieron $2.250 millones. Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución alcanzaba solo $415 millones, equivalente a un 18,4% de los recursos transferidos. Además, se detectaron retrasos en el traspaso de recursos desde la cuenta de fondos propios del municipio a la cuenta del programa específico, con demoras de hasta 402 días.

El órgano de control también observó debilidades en la gestión de intervenciones municipales: si bien se ejecutaron acciones de despeje de comercio ambulante y retiro de rucos sustentadas en la plataforma KOBO, no se acreditaron intervenciones en otros sectores pese a denuncias de la comunidad, ni se aportaron antecedentes sobre el destino final de los productos decomisados.

Respecto de la Municipalidad de Padre Hurtado, el Informe N°566 reveló que los botones de pánico se encontraban almacenados en cajas, sin identificación de inventario ni funcionario responsable de su custodia, y que, pese a haber sido recepcionados entre diciembre de 2024 y enero de 2025, permanecían inactivos al momento de la fiscalización. Durante la visita a la central de monitoreo comunal, se verificó además que los postes inteligentes no transmitían imágenes en tiempo real.

La CGR constató también que la Inspección Técnica del proyecto de televigilancia integral no certificó la calidad de las obras ni de los equipos instalados, sumándose la ausencia de certificados eléctricos y de autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pese a que los sistemas estaban en funcionamiento y el contrato fue recepcionado provisoriamente sin observaciones. Asimismo, se realizaron modificaciones contractuales sin respaldo en las bases administrativas.

En términos financieros, la entidad fiscalizadora advirtió una deficiente gestión del contrato a suma alzada por $3.088 millones, que registraba solo un 25% de avance financiero pese a haber transcurrido 250 días desde el inicio en terreno y 130 días desde el vencimiento del plazo contractual, "reflejando una falta de acción por parte de la Dirección de Obras Municipales".

Finalmente, el organismo contralor constató que el municipio no acreditó la integración del sistema lector de patentes (LPR) con la API de Carabineros —que permite consultar en línea y en tiempo real si un vehículo tiene encargo vigente por robo o hurto—, lo que obligó a los operadores a realizar procesos manuales, incrementando el riesgo de errores y limitando la capacidad de respuesta ante eventos simultáneos.