Chilterra demanda a Prolesur por prácticas anticompetitivas.

La demanda, presentada hace algunos días por el abogado Raúl Toro, se centra en la relación comercial entre Chilterra y Prolesur desde 2011, donde se acusa a Prolesur de usar criterios no verificables ni observables en la fijación del precio base de la leche comprada por la demandada, permitiéndole a Prolesur extraer rentas desde Chilterra, configurando un abuso de posición dominante explotativo sancionado en el inciso 2° letra b) del DL 211.

Se indica en la demanda que Prolesur tiene una posición monopsónica respecto de Chilterra, al ser la única empresa procesadora que, por el volumen producido, estaba en condiciones de comprar la leche fresca producida por la demandante. En ese contexto, el abuso se cometió porque Prolesur ha usado sistemáticamente en el tiempo factores o criterios no verificables, siendo, por tanto, arbitrarios y carentes de toda justificación económica.

La demanda sigue una serie de precedentes de libre competencia donde se ha señalado que los precios y los criterios que los determinan deben ser objetivos, es decir, deben tener una justificación económica. Lo anterior, es más atingente en presencia de una empresa que tiene posición dominante y que está obligada a actuar en el mercado con un deber de cuidado especial frente a sus proveedores.