Judicial
Opinión.
La judicialización de la corrupción, por Sebastián Vargas.
El presente artículo corresponde a una reflexión personal por parte del autor de como el combate a la corrupción se ha ido dejando de lado, descansando principalmente en la persecución penal de la misma, sin llevar a cabo políticas que la desincentiven o que logren prevenirla.

Lamentablemente en estos últimos años los casos de corrupción en nuestro país han ido aumentando, o, por lo menos, esta es la sensación que se tiene por gran parte de la ciudadanía, esto se puede deber, primero, por existir un boom mediático de este tipo de casos o que dichos casos se están haciendo público, cuestión que antes no era así, o, como segunda opción, realmente los casos de corrupción han ido aumentando paulatinamente en los últimos años, llegando hoy día, a los niveles más altos, transformándonos en un país más corrupto. Es así, que dentro de estos últimos casos públicos de corrupción y que se encuentra actualmente en la palestra noticiosa, tenemos el llamado caso luminarias, el caso de la Ex Alcaldesa de la comuna de Maipú, el llamado caso Convenios, el caso audios y el caso sobre corrupción por parte de Fiscales y funcionario del Ministerio Público en Los Ángeles.
Si bien es cierto, se han realizado modificaciones legales a nuestros cuerpos normativos, como, por ejemplo, en el año 2018, se promulgo y público la Ley 21.121, que permite un combate más efectivo para la prevención, detección y persecución de la corrupción. Dicha ley, establece un aumento de las penas para las figuras penales relacionadas a la corrupción y tífica nuevas figuras penales en torno a los delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos como por particulares.
En el año 2023, se crea la llamada Ley de Delitos Económicos -Ley 21.595- y en la que, en resumen, se sistematizan los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, regula las penas y consecuencias adicionales aplicables a las personas responsables de estos delitos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar y complementar su normativa en el ámbito del derecho penal económico. Si bien es cierto, no dice relación directa con los delitos de corrupción, como se puede apreciar de los últimos casos, los delitos económicos han tenido una vinculación estrecha con los delitos de corrupción.
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