UE sanciona a analista militar por críticas a políticas sobre Ucrania

La Unión Europea incluyó en diciembre de 2025 al analista militar suizo Jacques Baud en una lista de sanciones por "manipulación de información e interferencia" atribuida a Rusia. La medida congela sus activos, prohíbe todo apoyo económico y le impide entrar o salir del territorio de la UE. Dado que Baud reside en Bruselas, la sanción lo deja efectivamente varado sin cuentas bancarias funcionales ni medios legales para viajar a Suiza.

La decisión forma parte de una expansión de las medidas restrictivas originalmente dirigidas contra funcionarios de regímenes autoritarios, que ahora incluyen a periodistas, analistas y publicistas. Según Verfassungsblog, el caso de Baud ejemplifica una desviación de los estándares mínimos del estado de derecho.

La acusación contra Baud, según la Regulación (UE) 2025/2568, lo describe como "invitado regular en programas de televisión y radio pro-rusos" y "portavoz de propaganda pro-rusa". Se alega que ha difundido teorías conspirativas, incluyendo la afirmación de que Ucrania orquestó su propia invasión para unirse a la OTAN. Baud sostiene que desde la invasión rusa no ha aparecido en medios rusos, evitando toda sospecha de vínculos con Moscú.

El análisis señala que el problema fundamental no radica únicamente en la veracidad de las acusaciones, sino en que sus términos carecen de contornos jurídicos claros. Expresiones de opinión sobre las causas y sentido del conflicto, incluso si resultan controvertidas, están protegidas por el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La sanción se justifica formalmente por una supuesta conexión con "acciones o políticas del gobierno ruso", pero esa conexión nunca se explica en documentos públicos accesibles.

Verfassungsblog advierte que los términos de la normativa —"planning, directing... support for or other facilitation of coordinated information manipulation"— dejan al Consejo un margen de discreción casi ilimitado. El riesgo es que cualquier opinión que se desvíe de las posiciones políticas oficiales de la UE pueda clasificarse como "facilitación" de interferencia rusa. Un parecer legal previo de la exjuez del TJUE Ninon Colneric y la especialista Alina Miron concluyó que el régimen de sanciones es incompatible, en su conjunto, con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Convención Europea de Derechos Humanos.