Membresía en la Federalist Society sería causal de destitución de jueces, plantea análisis

Un análisis publicado en el medio jurídico alemán Verfassungsblog plantea que la mera pertenencia a la Federalist Society —la red de abogados conservadores que ha provisto de jueces a la Corte Suprema de Estados Unidos— bastaría como causal suficiente para iniciar un juicio político (impeachment) contra un juez federal.

El texto, titulado "Impeaching a Judge for Federalist Society Membership", se sitúa en el contexto de fallos recientes del máximo tribunal estadounidense que han expandido el poder presidencial. En Trump v. Slaughter (2025), la Corte declaró inconstitucional el diseño de agencias independientes, dejando sin efecto el precedente de Humphrey’s Executor de 1935, que permitía su autonomía. Todas esas agencias quedaron bajo control directo del presidente. Además, en Trump v. United States (2024) se estableció la inmunidad penal del mandatario por actos oficiales, lo que, según el autor, elimina la rendición de cuentas del Ejecutivo.

Estos fallos, sostiene el artículo, fueron dictados en su totalidad por jueces vinculados a la Federalist Society. El senador Sheldon Whitehouse documentó que el 86% de los nominados judiciales de la primera administración Trump a la Corte Suprema y cortes de apelaciones eran o habían sido miembros de esa organización. La teoría del ejecutivo unitario —que concentra todo el poder de la rama ejecutiva en el presidente— fue desarrollada por abogados de esa red en los años 80 y ahora se ha convertido en doctrina constitucional.

Frente a ello, el autor argumenta que el Congreso puede recurrir al impeachment como salvaguarda. La Constitución de Estados Unidos establece que los jueces federales conservan su cargo mientras observen "buena conducta" (good Behaviour). Hamilton, en El Federalista, ya señaló que el juicio político es un control completo contra las usurpaciones judiciales. Además, el juramento judicial exige administrar justicia sin acepción de personas, y quien asume ese compromiso mientras adhiere a una agenda constitucional distinta lo viola desde el inicio.

De esta forma, la pertenencia a la Federalist Society, por sí misma, constituiría una falta que habilita la destitución. El Congreso, en uso de su facultad exclusiva y no revisable por los tribunales (Nixon v. United States, 1993), podría remover a los jueces que hayan impuesto "un contenido que contradice la Constitución" o aplicado principios constitucionales de manera selectiva según líneas partidistas.

El texto completo puede consultarse en Verfassungsblog.