Suecia: Ley de "buena conducta" migratoria cuestionada por falta de seguridad jurídica

El 13 de julio de 2026 entró en vigor en Suecia una reforma a la Ley de Extranjería que introduce un exigente requisito de "buena conducta" (vandel) para los nacionales de terceros países. La medida busca endurecer la política migratoria multiplicando las posibilidades de expulsar a quienes no cumplan con ese estándar.

La enmienda convierte la conducta del extranjero en un factor independiente y de mayor peso al evaluar solicitudes de permiso de residencia, renovaciones y autorizaciones de residencia permanente. Además de los delitos, ahora se consideran conductas deficientes el incumplimiento de obligaciones regulatorias, el aprovechamiento indebido del sistema de bienestar, deudas impagas, amenazas al orden público, pertenencia a organizaciones criminales o extremistas, y declaraciones punibles, entre otras.

Sin embargo, la propia ley no define qué se entiende por "buena conducta". El proyecto gubernamental solo señala que implica vivir "de manera honesta y ordenada". Esa indefinición ha sido duramente criticada por el Consejo de Legislación sueco, la Defensoría de la Igualdad, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Señalan que la falta de claridad vulnera la seguridad jurídica y la previsibilidad, principios básicos del Estado de derecho, y que traslada a las autoridades migratorias y a los tribunales una carga interpretativa que debería estar resuelta en el texto legal.

La reforma incorpora un examen de proporcionalidad: cuanto más arraigo tenga una persona en Suecia, más grave debe ser la falta de conducta para justificar la denegación o revocación. Pese a ello, el Instituto Sueco de Derechos Humanos advirtió que el énfasis en la "buena conducta" puede afectar de manera desproporcionada el derecho a la vida privada y familiar amparado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La legislación se enmarca en la política restrictiva del gobierno de coalición conservadora-liberal y el apoyo parlamentario de los Demócratas de Suecia. Aunque excluye los permisos basados en el derecho de la Unión Europea, introduce causales para revocar incluso esos títulos si la persona representa una amenaza para el orden público.

Desde el derecho comparado, el caso sueco ejemplifica la tensión entre la soberanía migratoria y las garantías del Estado de derecho. La experiencia escandinava podría anticipar debates similares en otras latitudes. Según informó Verfassungsblog, la exigencia de buena conducta ha concitado un amplio rechazo por sus riesgos de aplicación arbitraria y por la discriminación entre residentes según su origen normativo.