Suprema estadounidense frena intento de Trump de destituir gobernadora de la Reserva Federal

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó por mayoría de 5-4 que una miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal puede mantener su cargo mientras prosigue su litigio contra el intento del Presidente Trump de destituirla.

En la opinión mayoritaria, el Presidente de la Corte John Roberts sostuvo que si la administración Trump tuviera razón, "transformaría efectivamente la protección de causa en la Reserva Federal en un empleo a voluntad —un salto interpretativo fuera de sintonía con el estatuto que el Congreso promulgó y la tradición de nuestra nación de una banca central protegida de la interferencia política".

La miembro cuestionada fue designada a la Junta por el entonces Presidente Joe Biden en 2023. En agosto del año pasado, Trump anunció su destitución a través de redes sociales, alegando fraude hipotecario anterior a su asunción del cargo. La funcionaria negó categóricamente los cargos.

En septiembre de 2025, un juez de distrito de Washington, D.C., ordenó que Cook permaneciera en su puesto mientras continuaba la litigación. El tribunal concluyó que era "sustancialmente probable" que Trump hubiera violado la ley federal, dado que el requisito de "causa" no permite remover a miembros de la Junta por conducta previa a su asunción del cargo. Además, el despido violó sus derechos constitucionales al debido proceso, al no recibir notificación ni oportunidad de defenderse.

Una corte de apelaciones dividida confirmó esa orden, con la mayoría de los jueces coincidiendo en que Cook probablemente lograría demostrar que no recibió todas las protecciones procesales debidas bajo la cláusula del debido proceso de la Constitución.

En su disidencia, el Ministro Clarence Thomas calificó la sentencia como "incorrecta", destacando que es la primera vez en 237 años de historia constitucional estadounidense que se sostiene una orden de amparo contra la remoción de un oficial ejecutivo por el Presidente.

La decisión reafirma que los gobernadores de la Reserva Federal, nominados por el Presidente y confirmados por el Senado para términos escalonados de 14 años, cuentan con protección legal contra destituciones arbitrarias, un mecanismo diseñado para aislad la banca central de influencia política partidaria.

Este caso constituye un pronunciamiento mayor sobre la potestad presidencial respecto de agencias independientes de múltiples miembros, con implicancias en el debate sobre los límites del poder ejecutivo en democracias con separación de poderes.