Suprema de EE.UU. rechaza regla rígida que castiga omisiones de deudores en quiebra

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una regla rígida que castigaba de manera automática la omisión de un deudor insolvente al no informar a la corte de quiebra sobre posibles activos derivados de una demanda personal, en el caso Keathley v. Buddy Ayers Construction.

El conflicto surgió cuando un deudor en bancarrota no divulgó a la corte de insolvencia la posibilidad de que un accidente automovilístico ocurrido después de presentada la declaración de quiebra pudiera generar activos adicionales para sus acreedores. Aunque el deudor informó del incidente a su abogado, la corte de instancia rechazó su demanda contra el otro conductor aplicando la doctrina del "impedimento procesal judicial" (judicial estoppel), presumiendo automáticamente que había actuado de mala fe al omitir la revelación, bajo la teoría de que tenía incentivo financiero para ocultarlo.

En opinión unánime redactada por la ministra Ketanji Brown Jackson, el máximo tribunal precisó que el impedimento procesal es una "doctrina equitativa" destinada a proteger la integridad del proceso judicial, pero rechazó su aplicación mecánica. La Corte enfatizó que las cortes inferiores habían adoptado un estándar demasiado rígido al limitar el análisis solo a dos circunstancias: si el deudor conocía los hechos subyacentes y si existía motivo potencial para ocultarlos.

Jackson sostuvo que "esa rigidez no está acorde con los principios equitativos", que "rechazan reglas mecánicas y dependen de flexibilidad". La Corte ordenó que los tribunales inferiores examinen "la totalidad de las circunstancias" en cada caso, en lugar de aplicar una presunción concluyente de mala fe cada vez que un deudor pudiera hipotéticamente beneficiarse del silencio.

La Corte fue particularmente enfática al señalar que la regla impugnada era "no solo excesivamente rígida, sino también excesivamente amplia", ya que prácticamente todo deudor en insolvencia se beneficiaría hipotéticamente de no divulgar activos a sus acreedores. Una prueba de "una sola medida para todos" resultaba incompatible con el análisis equitativo tradicional.

El ministro Clarence Thomas, en una breve concurrencia acompañado por Neil Gorsuch, cuestionó incluso la doctrina del impedimento procesal en su totalidad, yendo más allá del alcance del fallo mayoritario.

Aunque la decisión resuelve un conflicto entre circuitos federales, su alcance es limitado: no establece si el impedimento procesal aplica en insolvencias ni si los deudores tienen obligación continua de divulgar activos que se acumulan años después de confirmado un plan de reorganización.