Suprema Corte de EE.UU. cierra la puerta a demandas civiles por complicidad en violaciones de derechos humanos

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró una vía procesal fundamental para perseguir a corporaciones y funcionarios que colaboran en violaciones graves de derechos humanos internacionales. En su decisión en CISCO Systems, Inc. v. Doe, anunciada el 23 de junio, el máximo tribunal estadounidense resolvió que la Alien Tort Statute (ATS) no permite demandar a empresas domésticas responsables de "complicidad" en persecuciones estatales de derechos humanos.

El caso se originó en la persecución llevada a cabo por China contra Falun Gong, un grupo espiritual que el gobierno clasificó como "culto maligno". Según documentación ampliamente conocida, esa persecución incluyó tortura, desaparición forzada y detención prolongada arbitraria en "campos de reeducación". Los demandantes, miembros de Falun Gong, alegaron que CISCO Systems proporcionó tecnología de vigilancia masiva bajo acuerdo con autoridades chinas, facilitando la identificación de practicantes para su persecución.

La ATS, promulgada por el Primer Congreso en 1789, otorgaba jurisdicción a los tribunales federales para conocer demandas civiles de extranjeros por torturas que violen la ley de naciones. Dormida casi 200 años, fue revitalizada en 1980 como herramienta para litigios modernos de derechos humanos internacionales.

En su fallo de 2004, Sosa v. Alvarez-Machain, la Corte había sentado que la ATS permitía causas de acción basadas en normas del derecho internacional consuetudinario, siempre que mandataran consenso universal y definición específica. Esa doctrina permitió avanzar demandas por tortura, esclavitud y detención arbitraria prolongada.

Ahora, la mayoría de seis magistrados revocó prácticamente Sosa, limitando las causas de acción solo a las tres que existían en el siglo XVIII: piratería, asaltos a embajadores y violaciones del derecho de paso. La opinión de la ministra Amy Coney Barrett argumentó que reconocer complicidad en violaciones de derechos humanos generaría consecuencias adversas para la política exterior estadounidense, correspondiendo al Congreso legislar sobre el tema.

La ministra Sonia Sotomayor disintió, señalando que permitir demandas contra corporaciones estadounidenses por facilitar violaciones chinas de derechos humanos se alinea con la política exterior proclamada de condena de esas prácticas, y que el análisis debe hacerse caso a caso. La disidencia criticó también que la mayoría omitió aplicar los estándares clásicos para revocar precedentes, como evaluar si Sosa resultaba insostenible en principio o práctica.