Pluralismo y financiamiento: la Corte de Justicia traza líneas rojas a la Comisión Europea

La Corte de Justicia de la Unión Europea, en el caso Comisión v. Hungría (C-769/22), ha introducido una innovación conceptual de envergadura al invocar a la sociedad europea como referente normativo del ordenamiento jurídico comunitario, caracterizándola fundamentalmente a través del pluralismo.

Esta construcción judicial genera consecuencias que trascienden el fallo mismo, particularmente frente a la propuesta reciente de la Comisión Europea de vincular explícitamente la financiación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) al cumplimiento de los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: democracia, estado de derecho y derechos fundamentales.

Segun el análisis del fallo, la Corte caracteriza a la sociedad europea como "un orden jurídico común de una sociedad en la que prevalece el pluralismo". En el caso concreto, el tribunal estimó que la legislación húngara marginalizaba a las personas LGBTI, asociándolas a delitos de pederastia, lo que constituía una amenaza fundamental para la sociedad europea al excluir de la esfera pública a un segmento de la población que forma parte de esa sociedad constituida por pluralismo.

La Corte no invocó la fórmula literal del artículo 2 TEU, que menciona "pluralismo, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad entre mujeres y hombres", sino que realizó una elección deliberada: caracterizar a la sociedad europea únicamente a través del pluralismo como rasgo estructurante. En esa visión, la sociedad europea se define por su compromiso de no excluir ni invisibilizar la diversidad de quienes la integran.

Esta construcción genera una tensión significativa con la arquitectura de financiamiento de la Comisión. Si la sociedad europea es, por definición, pluralista, entonces la "sociedad civil europea" que la integra debe serlo también. Sin embargo, históricamente la Comisión ha privilegiado el financiamiento de organizaciones transnacionales pro-integración europeas, dejando de lado iniciativas más regionales o críticas.

La pregunta que emerge es si la obligación de respetar el pluralismo como característica constitutiva de la sociedad europea limita la discrecionalidad de la Comisión en la distribución de fondos. Aunque no existe respuesta unívoca, el fallo traza líneas conceptuales que complicarán la implementación de la estrategia de financiamiento civil alineada a valores que la Comisión propuso en noviembre de 2025 para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

La tensión reside en que cualquier criterio de elegibilidad basado en conformidad con valores de la UE corre el riesgo de replicar la misma lógica de exclusión y invisibilización que la Corte condenó en Hungría, a menos que se reconozca explícitamente que el pluralismo es un límite estructural a la capacidad de la Comisión para "policiar" quién pertenece a la sociedad civil europea.