ICC mantiene jurisdicción sobre Duterte pese a retiro de Filipinas del Estatuto de Roma

La Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó en abril de 2026 que el tribunal mantiene jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Filipinas durante la "guerra contra las drogas", a pesar de que el país se retiró del Estatuto de Roma en marzo de 2019.

La decisión surge del desafío jurisdiccional planteado en el caso The Prosecutor v. Rodrigo Roa Duterte, el cual representa un hito histórico: es la primera persecución de la CPI contra un ex jefe de estado asiático por crímenes contra la humanidad. La decisión de la Cámara de Apelaciones aborda una cuestión jurídica fundamental: la relación entre las disposiciones de retiro del Estatuto y las obligaciones que persisten después de que un Estado abandona el tratado.

El tribunal distinguió este caso del precedente establecido en la Situación de Burundi (2016-2017), donde la CPI autorizó una investigación antes de que el retiro fuera efectivo. En Filipinas, en cambio, existía un vacío temporal de dos años entre el retiro efectivo (marzo de 2019) y la solicitud de autorización para investigar (2021). La defensa de Duterte argumentó que este intervalo despojaba al tribunal de competencia.

Sin embargo, la mayoría de la Cámara resolvió que la CPI había iniciado un examen preliminar antes del retiro, lo que constituía una "materia bajo consideración" conforme al artículo 127(2) del Estatuto. Esta disposición establece que los Estados que se retiran permanecen obligados por decisiones tomadas mientras eran partes, incluidas las investigaciones posteriores.

El fallo aplica una lectura contextual del Estatuto alineada con su objeto y propósito: prevenir la impunidad por crímenes atroces. La CPI concluyó que permitir a un Estado evadir jurisdicción simplemente retirándose antes de que se autorice una investigación socavaría los fundamentos del tratado multilateral.

Esta resolución tiene implicaciones vastas para el futuro de los mecanismos internacionales de accountability. Establece que la jurisdicción se fija en el momento en que el Estado era parte y que el retiro no extingue obligaciones derivadas de acciones previas de la Corte, incluso si la investigación formal se autoriza después.

El caso refleja además tensiones contemporáneas: Filipinas se retiró alegadamente en respuesta a la apertura del examen preliminar por la Fiscalía, ilustrando precisamente el escenario que las normas de retiro buscan prevenir.