EE.UU.: cómo la expansión legislativa convierte protesta en terrorismo

Un reciente análisis publicado en Verfassungsblog advierte sobre el peligro de la expansión legislativa en Estados Unidos que ha permitido convertir actos de protesta en delitos de terrorismo, con consecuencias penales desproporcionadas que superan las sentencias impuestas a participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Ocho manifestantes anti-ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) fueron condenados conjuntamente a 450 años de prisión en el Centro de Detención de Prairieland, Texas. Las penas incluyen treinta años por trasladar una caja de folletos y cincuenta años por asistir a una protesta vistiendo ropa de color negro. Estos fallos han generado condena generalizada en Europa, pues ilustran una aplicación del concepto de terrorismo que va mucho más allá de sus definiciones tradicionales.

El artículo subraya que la estrategia del Gobierno Trump ha consistido en un proceso de "secuestro semántico" del término terrorismo: primero se apodera de una palabra cargada emocionalmente, luego expande o distorsiona su significado y finalmente la repurposa para avanzar una agenda política. En este caso, la administración ha extendido el concepto para incluir protesta, vandalismo, tráfico de drogas e incluso grafiti.

Desde el punto de vista legal, el vaciamiento del concepto de terrorismo proviene de dos mecanismos legislativos interrelacionados desarrollados desde los años noventa. El primero es el estatuto federal de 1994 sobre "Proporcionar apoyo material a terroristas" (18 U.S.C. § 2339A), que criminaliza la provisión de ayuda "sabiendo o teniendo la intención" de que será usada para delitos predeterminados, con una definición de apoyo material tan amplia que puede incluir simplemente presentarse en una protesta. El segundo es la directriz de sentencias federales que permite aumentos dramáticos de pena si se establece "intención terrorista", utilizando el estándar de prueba más bajo de "preponderancia de la evidencia".

En Prairieland, el hecho de usar camisetas negras fue construido como evidencia de pertenencia a una supuesta célula de Antifa del norte de Texas, usándose para fundamentar intención terrorista y justificar incrementos de sentencia de hasta cincuenta años por delitos menores.

El análisis advierte que Europa corre el riesgo de adoptar andamiajes legales similares de represión, particularmente porque muchos países europeos evalúan restricciones a derechos mediante análisis de proporcionalidad, lo que podría permitir justificaciones más fáciles para expandir conceptos como terrorismo doméstico.