¿Cuándo es legítimo reformar una corte constitucional capturada?

La cuestión de cómo reformar una corte constitucional percibida como una institución capturada presenta uno de los dilemas más complejos del constitucionalismo contemporáneo, especialmente cuando nuevas autoridades democráticas enfrentan tribunales que han sido instrumentalizados por gobiernos anteriores.

Un análisis publicado por Verfassungsblog examina este problema a través de casos europeos y latinoamericanos, argumentando que en ciertos contextos excepcionales, la remoción de magistrados mediante enmienda constitucional podría ser tanto justificada como necesaria, siempre que forme parte de una reforma estructural genuinamente orientada a fortalecer, y no simplemente a recapturar, la independencia institucional.

El análisis toma como referencia el caso polaco, donde el Tribunal Constitucional ha sido descrito como un instrumento de la oposición para bloquear prácticamente cada acción de la coalición gobernante destinada a restaurar el estado de derecho. Sus sentencias se caracterizan por carecer de fundamentación legal convincente y poseer un carácter puramente instrumental, operando bajo un modelo de "cherry-picking interpretativo" cuyo único principio rector es lograr objetivos políticos predeterminados.

La Comisión de Venecia ha expresado escepticismo respecto a la remoción ex lege de jueces, incluso en contexto de reforma constitucional, argumentando que tal medida podría constituir una violación impermisible de la independencia judicial. Sin embargo, el análisis sostiene que la absolutización de la inamovilidad judicial, extendida incluso a la protección de magistrados de cortes capturadas, no parece un enfoque justificado si la consecuencia es permitir que un tribunal disfuncional continúe bloqueando reformas esenciales del estado de derecho.

Un antecedente relevante proviene de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Gyulumyan y otros contra Armenia, donde el tribunal europeo declaró inadmisibles las demandas de jueces removidos mediante enmienda constitucional que introdujo términos fijos para los magistrados constitucionales. El TEDH reconoció que la reforma judicial fue parte de cambios políticos profundos y no fue dirigida arbitrariamente contra un grupo específico de jueces.

El argumento central es que la remoción de magistrados constitucionales mediante enmienda no violaría el artículo 6 del Convenio Europeo si formara parte de una reforma estructural genuinamente destinada a fortalecer la independencia e imparcialidad del tribunal, distinguiendo así entre captura institucional y reforma legítima.