Corte Suprema estadounidense anula procesamiento de usuario de drogas por posesión de armas

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el 18 de junio a favor de un desafiante a la ley federal que prohíbe a usuarios de drogas ilegales poseer armas de fuego. En el caso United States v. Hemani, los ministros concluyeron que el gobierno federal no puede procesar a un hombre de Texas bajo cargos de violar dicha normativa, pues la aplicación automática viola la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.

En opinión mayoritaria, el ministro Neil Gorsuch sostuvo que el gobierno buscaba "automáticamente despojar al señor Hemani de su derecho constitucional a poseer un arma de fuego" e "encarcelarlo hasta por 15 años" basándose únicamente en demostrar que "usa regularmente cualquier cantidad de cualquier sustancia controlada". Sin embargo, los argumentos del gobierno resultaron insuficientes, ya que las leyes estadounidenses tempranas en que se apoyaba "dirigían diferentes tipos de personas, lo hacían por diferentes razones, y operaban de maneras distintas".

El caso se originó en 2022 cuando agentes del FBI encontraron en el domicilio de Hemani una pistola Glock 19, 60 gramos de marihuana y 4,7 gramos de cocaína. Hemani admitió consumir marihuana aproximadamente cada dos días. Fue acusado de violar la ley federal que tipifica como delito que una persona "sea un usuario ilegal o esté adicta a cualquier sustancia controlada" y posea un arma; la infracción dolosa es un delito grave que puede conllevar hasta 15 años de prisión.

Un juez federal desestimó la acusación, apoyándose en un precedente de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que declaró inconstitucional la ley cuando se aplica a consumidores habituales que no estaban bajo influencia al momento de portar el arma. La Corte Suprema confirmó este criterio.

Gorsuch aclaró que la decisión es "estrecha" y no aborda si el gobierno podría procesar a adictos a drogas o la legalidad de otras restricciones de armas. Tampoco se pronuncia sobre si el gobierno podría procesar a alguien si probara que el consumo específico del individuo lo hace peligroso para sí mismo u otros.

Varios ministros presentaron opiniones concurrentes. Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor cuestionaron la aplicabilidad del marco de análisis establecido en Bruen (2022), tildándolo de "inmanejable" y "vulnerable a aplicación inconsistente".