Corte Suprema de EE.UU. anula restricción al poder presidencial sobre agencias independientes

La Corte Suprema de Estados Unidos falló por 6 votos contra 3 que el presidente puede despedir a miembros de la Comisión Federal de Comercio (FTC) sin necesidad de alegar ineficiencia, negligencia o mala conducta, como lo exigía una ley federal vigente desde hace más de un siglo.

La decisión del máximo tribunal estadounidense revocó la sentencia de 1935 en Humphrey's Executor v. United States, que había avalado la ley cuestionada. Para la mayoría de los justices, las restricciones al poder presidencial para remover funcionarios del ejecutivo violan el principio constitucional de separación de poderes.

El caso surgió cuando el presidente Trump notificó a Rebecca Slaughter, comisionada demócrata de la FTC, que había sido removida porque su permanencia era "inconsistente con las prioridades de su administración". Slaughter demandó ante tribunales federales en Washington, D.C., y un juez de primera instancia ordenó su restitución. Una corte de apelaciones confirmó ese fallo, argumentando que solo la Corte Suprema podía revocar Humphrey's Executor. El gobierno federal apeló ante el máximo tribunal.

El Chief Justice John Roberts escribió para la mayoría que "el presidente debe contar con la asistencia de funcionarios en quienes confíe" y que "ni el Congreso ni los tribunales pueden imponerle aquellos con quienes no puede trabajar". Roberts enfatizó que la FTC ejerce poder ejecutivo —administra más de 80 estatutos, realiza investigaciones, ejecuta sanciones administrativas y presenta demandas civiles ante tribunales— por lo que sus comisionados deben estar bajo control presidencial.

La disidencia de la Justicia Sonia Sotomayor, acompañada por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, advirtió que la decisión "descarta el régimen democrático" de la Constitución "a favor de uno que distorsiona la estructura del gobierno para ajustarse a la teoría de control ejecutivo unitario". Sotomayor estimó que la sentencia transformará decenas de comisiones independientes en agencias puramente ejecutivas, concentrando en el presidente un poder sin precedentes sobre áreas como energía, seguridad de productos y regulación nuclear.

La sentencia representa una victoria significativa para la teoría del ejecutivo unitario —la idea de que el presidente debe tener control completo sobre la rama ejecutiva— y redimensiona el equilibrio de poderes en el ordenamiento estadounidense.