Corredores de carga pueden ser demandados por negligencia en la contratación de transportistas, resuelve la Suprema Corte de EE.UU.

La Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió de forma unánime que la legislación federal de transporte no protege a los corredores de carga —conocidos como freight brokers— de demandas civiles presentadas ante tribunales estatales por negligencia en la selección de transportistas.

El caso, caratulado Montgomery v. Caribe Transport II, tuvo origen en un accidente ocurrido el 7 de diciembre de 2017 en la Interestatal 70 del estado de Illinois. Shawn Montgomery, quien se había detenido en la berma de la carretera debido a una falla mecánica, fue embestido por un tractor-remolque conducido por Yosniel Varela-Mojena. El siniestro provocó a Montgomery la amputación de una pierna y desfiguraciones permanentes.

Varela-Mojena transportaba una carga de macetas plásticas para su empleador, Caribe Transport II, una empresa de transporte interestatal con sede en Indiana. El envío había sido coordinado por el corredor de carga C.H. Robinson Worldwide, Inc. y sus filiales, en virtud de un contrato de transporte suscrito con Caribe II.

Montgomery demandó a C.H. Robinson argumentando que la empresa era responsable bajo la doctrina de negligent hiring: quien contrata a un tercero para ejecutar trabajos que representan riesgos físicos para terceros tiene el deber de verificar la idoneidad y seguridad de ese contratista. La defensa de C.H. Robinson sostuvo que la normativa federal regulatoria del transporte de carga desplazaba (preempt) la aplicación del derecho estatal en esta materia.

El máximo tribunal rechazó ese argumento y concluyó que la ley federal no confiere inmunidad a los corredores de carga frente a este tipo de acciones civiles estatales, abriendo la puerta a que víctimas de accidentes vinculados a transportistas contratados de manera negligente puedan demandar a los intermediarios que los seleccionaron.

El fallo tiene relevancia para el derecho comparado en materia de responsabilidad civil extracontractual y regulación del transporte, pues delimita el alcance de la llamada doctrina de preemption federal en un sector de creciente importancia económica. Para el derecho chileno, la decisión ofrece un punto de referencia en el debate sobre la responsabilidad de los intermediarios logísticos y la extensión de los deberes de diligencia en la subcontratación de servicios de riesgo.

La nota fue publicada originalmente por SCOTUSblog el 15 de mayo de 2026.