Codificar el apartheid de género es clave para responsabilizar a Afganistán

La comunidad internacional mantiene su escepticismo frente a la codificación del crimen de "apartheid de género" mientras el régimen talibán consolida una arquitectura legal diseñada para borrar a las mujeres de la vida pública afgana, según un análisis publicado en Opinio Juris.

La autora, Astrid Le Jeanne, investigadora en derecho internacional, examina las críticas al concepto y argumenta que su reconocimiento dentro de la Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad (CAH) cumpliría un rol doctrinal distinto y constituiría una forma de compromiso decolonial.

La base del debate es la permanente consolidación de la opresión. A principios de febrero de 2026, los talibanes promulgaron un nuevo Código Procesal Penal de 119 artículos que institucionaliza un sistema de dominación, formalizando la exclusión de las mujeres como ley del territorio. Este hecho refuerza la urgencia del debate en Naciones Unidas, donde solo una pequeña coalición de siete Estados ha solicitado formalmente incorporar el "apartheid de género" al texto de la CAH.

El análisis sostiene que la principal barrera es la percepción de que las herramientas legales actuales ya son suficientes. Sin embargo, distingue entre atacar los síntomas de la opresión y la estructura que la genera. 'La persecución de género apunta a los síntomas, mientras que el apartheid de género apunta a la "enfermedad", es decir, la arquitectura estructural de la opresión en sí misma', sostiene el texto.

El argumento central es que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) opera mediante mecanismos de responsabilidad estatal que dependen de la voluntad política doméstica. Dado que las autoridades de facto talibanas no están dispuestas a desmantelar el sistema que diseñaron, la responsabilidad estatal interna es una vía muerta. En este escenario, tipificar el apartheid de género como un crimen de lesa humanidad trasladaría el problema al ámbito de las normas imperativas de derecho internacional (jus cogens).

Esta recalificación, explica el artículo, activaría los Artículos 40 y 41 sobre Responsabilidad del Estado, obligando a terceros Estados a no reconocer ni prestar ayuda al régimen, y a cooperar para desmantelarlo. "Este enfoque no solo mitiga las consecuencias", afirma Le Jeanne, "sino que reduce el riesgo de violaciones recurrentes".

El artículo fue publicado originalmente en el medio especializado Opinio Juris.