Baviera: proyecto prohíbe vetar IA en exámenes y genera críticas constitucionales

El gobierno del estado federado de Baviera, en Alemania, aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley de Innovación de la Educación Superior (BayHIG) e introduce una prohibición de que las universidades y los docentes impidan el uso de inteligencia artificial (IA) por parte de los estudiantes en exámenes escritos no supervisados.

La iniciativa —conocida como el "KI-Verbot-Verbot" (prohibición de prohibir la IA)— establece que en las pruebas no vigiladas no se podrá excluir el empleo de sistemas de IA, aunque sí se podrá regular su alcance y exigir una documentación de uso. La norma aplicaría a todas las universidades estatales y no estatales del Estado Libre de Baviera, en todas las carreras y asignaturas.

La redacción del proyecto ha sido criticada por su ambigüedad. El texto utiliza el verbo "soll" (debería), lo que sugiere un carácter no vinculante; sin embargo, la exposición de motivos señala expresamente que las universidades "no deben prohibir" el uso de IA, y el ministro de Ciencia y Arte ha defendido públicamente la obligatoriedad de la medida. Además, la ley no define qué se entiende por "sistema de IA", lo que genera inseguridad jurídica.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo de Verfassungsblog sostiene que la norma vulnera la libertad de enseñanza protegida por el artículo 5, apartado 3, de la Ley Fundamental de Bonn. Dicha libertad comprende la facultad de los profesores y las universidades de decidir los contenidos, los métodos de enseñanza y la forma de evaluación. La decisión de permitir o prohibir la IA en un examen no es solo una cuestión procedimental, sino que incide directamente en qué conocimientos y competencias se pueden transmitir y evaluar. Al imponer por ley la autorización del uso de IA, el legislador interfiere en el núcleo de la autonomía académica.

El proyecto contempla una excepción que permitiría prohibir la IA en "casos excepcionales", pero la carga de justificar dicha excepción recae sobre las universidades y los docentes, lo que genera un efecto inhibitorio y desincentiva el ejercicio de la libertad de cátedra.

La justificación esgrimida por el gobierno bávaro —fomentar la competitividad de sus universidades y asegurar la igualdad de oportunidades de los estudiantes— no constituye, según el análisis, un bien jurídico de rango constitucional que pueda limitar la libertad de enseñanza, que es un derecho fundamental sin reserva de ley. Por ello, el artículo concluye que la prohibición de prohibir la IA es inconstitucional.

El debate en Baviera se inscribe en un contexto más amplio de adaptación de la educación superior a la inteligencia artificial, y plantea cuestiones que también son relevantes para el derecho comparado y para las futuras regulaciones en otros países, incluido Chile.