Batalla judicial por el TPS se reaviva con argumentos constitucionales

Un mes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos restringiera la capacidad de los tribunales inferiores para frenar las decisiones de la administración Trump que revocan el Estatus de Protección Temporal (TPS), los beneficiarios y sus representantes legales han redirigido la estrategia judicial hacia reclamos constitucionales.

Según reportó CNN, los abogados de migrantes de varios países han "reempaquetado sus argumentos procedimentales en nuevas demandas basadas en la Constitución o han señalado planes de hacerlo próximamente". En concreto, las impugnaciones se sustentan en la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda, que prohíbe al gobierno privar a una persona de su "vida, libertad o propiedad" sin seguir los protocolos y procedimientos establecidos en la ley federal.

Mientras tanto, la administración ha asegurado que el fallo del máximo tribunal "avaló plenamente" las revocaciones de las designaciones de TPS.

En paralelo, líderes empresariales y legisladores buscan vías alternativas para que los beneficiarios del programa sigan trabajando una vez que pierdan sus permisos. El New York Times informó que organizaciones empresariales encabezadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos han impulsado una campaña en el Capitolio, con el respaldo de un número creciente de autoridades estatales y locales de ambos partidos.

"El Congreso puede, y debería, ejercer su autoridad plenaria sobre la política migratoria para evitar una perturbación significativa de la fuerza laboral estadounidense y una crisis humanitaria innecesaria", señaló la Cámara en una carta dirigida al liderazgo del Senado a principios de julio.

La controversia se origina en el fallo de la Corte Suprema, que si bien impidió bloqueos generales de tribunales inferiores, no clausuró la posibilidad de plantear cuestiones constitucionales, dejando abierto el frente judicial mientras avanza el debate legislativo.