Contraloría ordena sumarios por ingreso de menores haitianos

La Contraloría General de la República instruyó sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez, luego de detectar diversas irregularidades en el funcionamiento del Programa de Reunificación Familiar, especialmente respecto del ingreso al país de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití a través de vuelos chárter.

Así consta en el Informe Final N°541-2025, emitido el 24 de junio, en el que el organismo de control concluyó la existencia de un desorden mayor y un bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del programa. La fiscalización tuvo por objeto investigar denuncias relativas al ingreso de menores bajo la categoría de reunificación familiar y eventuales vulneraciones a sus derechos.

En ese contexto, la Contraloría identificó incumplimientos normativos en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar, entre ellos la existencia de certificados vencidos o no legalizados, la ausencia de documentos obligatorios y la emisión de un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento y a los documentos que la ley y el reglamento establecen como indispensables para autorizar el ingreso al país.

A esas observaciones se suman irregularidades en el control de vuelos, particularmente chárter, donde se detectó que una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por la normativa, sin que el Servicio Nacional de Migraciones aplicara oportunamente la sanción respectiva. El informe también advierte una falta de verificación suficiente de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias en la información, lo que impidió asegurar un control adecuado del ingreso al territorio nacional.

El informe evidencia, además, una serie de incumplimientos relevantes en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios.

Otro de los hallazgos se relaciona con la falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que se tradujo en ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección.

Respecto del Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría constató debilidades significativas en sus controles, tales como la falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas —como el fallecimiento del vínculo familiar— y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como el informe policial. Asimismo, se detectaron deficiencias en la calidad de la información, incluyendo registros incompletos, duplicados o erróneos.

En cuanto a la Policía de Investigaciones, el informe señala que la institución no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, sino únicamente con instructivos parciales. También se observaron errores en registros, como digitación incorrecta de pasaportes, discrepancias en la información migratoria respecto del Servicio Nacional de Migraciones y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular, función que le corresponde ejercer conforme a la ley.

Finalmente, la Contraloría advirtió una débil estructura de control interno y gestión, reflejada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales para la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles dentro de los sistemas informáticos institucionales.

A raíz de estos hallazgos, el organismo contralor instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades funcionarias. Asimismo, ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y de las Oficinas Locales de la Niñez, a fin de verificar que no se hayan vulnerado sus derechos.

La Contraloría también dispuso la realización de un examen de cuentas autónomo por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a una aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa. Finalmente, instruyó un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del preinforme y por tratamiento indebido de información sensible, incluyendo datos de niños, niñas y adolescentes, junto con el envío de los antecedentes de dicha filtración al Ministerio Público.

Vea informe 541 de 2026 de CGR.