Un procedimiento adecuado para el cobro de las contribuciones de bienes raíces

Por considerarlo de interés para los lectores del Diario Constitucional, el asunto del título lo abordamos en este opúsculo, proponiendo al gobierno algunas ideas para mejorar el cobro de este impuesto a las viviendas afectas en un 23% de las existentes en el país.

Pues bien, el Ministerio de Hacienda insiste en su proyecto de ley denominado de «Reconstrucción Nacional», entre otras cosas, en liberar del pago de las contribuciones de bienes raíces de las viviendas en que residen los mayores de 65 años, sin importar sus niveles de ingresos, por lo tanto todos aquellos particulares que concentran la riqueza en el país, estarán exentos de pagar este impuesto territorial, siempre que el inmueble esté inscripto en el conservador de bienes raíces a su propio nombre, pues muchos de ellos, para aprovechar ventajas tributarias, esas viviendas las registran a nombre de sus sociedades comerciales y de inversión. Por lo tanto, este beneficio está dirigido exclusivamente para la «primera vivienda» de las personas naturales y no para las personas jurídicas.

Teniéndose presente que el monto de las contribuciones de bienes raíces que cobra el Servicio de Impuesto Internos (SII) se determina por el avalúo fiscal de las viviendas, en conocimiento pleno que la carga anterior es bastante más reducida que el respectivo avalúo comercial y como muchos reclaman en publicaciones en la prensa que la suma cobrada por este impuesto es muy alta, para solucionar el *impasse,*sería razonable y hasta aconsejable que tales personas soliciten al SII, lo que actualmente está contemplado, una reducción de las sumas cobradas, exponiendo sus particulares puntos de vista, los que serían analizados por dicho servicio.

Suponemos que en algunas ocasiones la Subdirección de Avaluaciones del SII reducirá en un cierto porcentaje el cobro de las contribuciones y en la medida de que no acepte los argumentos de quienes solicitan rebajas, dicho servicio le debería contestar a los reclamantes que el Estado está dispuesto a comprar sus viviendas, pagándoles el precio del avalúo fiscal del inmueble y así cada dueño del mismo podrá decidir el camino a seguir y se acaba la polémica, pues ninguno de ellos aceptará venderla en dicho reducido monto de dinero al Estado, por la sencilla razón de que el mercado inmobiliario les asigna a esos inmuebles un precio sustantivamente mayor.

Finalmente, ya que muchas mujeres que han trabajado durante años son dueñas de las viviendas en donde viven y como este proyecto alude solo a los mayores de 65, sería aconsejable que para ellas se considere la edad de 60 años con lo cual sus viviendas estarán exentas de este impuesto. Por otro lado, ya que el cobro se hace en 4 cuotas trimestrales, sería necesario que el SII lo haga en 12 cuotas mensuales, pagaderas cómodamente a través de las facilidades electrónicas que brindan los bancos, vía convenios, a sus clientes.

Patricio Herman