Un avance real, pero no estructural en el acceso a la vivienda

El balance reciente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) sobre el subsidio a la tasa de interés para la compra de viviendas nuevas muestra resultados alentadores: en menos de tres meses se han recibido más de 23 mil solicitudes y aprobado cerca de 14 mil subsidios, casi la mitad de los 50 mil cupos disponibles. En un escenario de crédito restringido y altas tasas, la medida ha dinamizado el acceso a la vivienda nueva.

Sin embargo, el programa responde más a una lógica de impulso financiero que a una estrategia estructural de acceso habitacional. Si bien ha facilitado la compra de viviendas —sobre todo bajo las 4.000 UF—, comparte con otras iniciativas como el Fogaes o el “Fogape inmobiliario” un carácter transitorio: amplían el crédito mediante garantías estatales, pero no abordan las causas profundas del problema, como el alto precio del suelo, la falta de terrenos urbanizables, las restricciones para densificar en zonas bien ubicadas y la débil planificación territorial. Mientras estas variables no se enfrenten, el déficit habitacional seguirá dependiendo de medidas coyunturales que alivian el síntoma sin resolver la raíz.

La focalización del beneficio también plantea desafíos. Aunque busca apoyar a familias de ingresos medios —históricamente excluidas de la política habitacional—, las exigencias para acceder a créditos y comprar viviendas nuevas dejan fuera a grupos más vulnerables o informales, incluso con capacidad de pago. Así, el subsidio beneficia sobre todo a quienes ya estaban cerca de concretar una compra, no necesariamente a quienes más lo necesitan.

Desde la perspectiva inmobiliaria, el impacto ha sido positivo: aumentaron las ventas y disminuyó el stock de viviendas nuevas, especialmente en proyectos con entrega inmediata. Pero al crecer la demanda sin una expansión proporcional de la oferta, existe riesgo de presiones al alza en los precios, sobre todo en los segmentos bajos.

Debe destacarse la colaboración público-privada detrás del programa, con la participación de la ABIF y la Cámara Chilena de la Construcción, que demuestra la posibilidad de coordinación técnica e institucional. No obstante, esa cooperación debe avanzar hacia una visión integral que combine financiamiento, incentivos para construir en zonas con servicios, mecanismos de integración social y una regulación urbana que privilegie la habitabilidad y sostenibilidad.

El subsidio ha tenido un efecto positivo inmediato, pero limitado. No garantiza en el mediano ni largo plazo un acceso real y sostenible a la vivienda para los sectores emergentes y medios. Es urgente abrir un debate sobre políticas estructurales que impulsen un desarrollo inmobiliario capaz de responder a la creciente demanda habitacional del país.

Verónica Yáñez Martinich