Transición Administrativa y Desafíos Estratégicos para Chile en 2026: Un Análisis desde la Economía Política y la Gestión Pública.

El desempeño histórico de Chile en el contexto regional es un activo institucional significativo. Según datos del Banco Mundial, entre 1960 y 2024, Chile registró un crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto (PIB) del 996.7%, ubicándose como la tercera economía de mejor desempeño en Sudamérica, solo detrás de Paraguay y Colombia. Este dato histórico subraya una trayectoria macroeconómica generalmente ordenada, la cual constituye una base sólida para la planificación.

Sin embargo, las proyecciones hacia 2026 apuntan a un escenario más moderado y desafiante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico proyecta para Chile un crecimiento del 2.4% en 2025 y del 2.2% en 2026 – 2027, cifras cercanas a su potencial pero que reflejan un enfriamiento de la economía global. Este contexto impone a la Administración Pública, y en particular al Ministerio de Hacienda, una gestión fiscal de alta precisión. La senda de consolidación fiscal proyectada por la OCDE (reducción del déficit fiscal central del -2.0% al -1.2% del PIB entre 2025 y 2027) requiere una ejecución presupuestaria que priorice la eficiencia del gasto, proteja la inversión pública en infraestructura crítica (minería, energía) y mantenga el gasto social en niveles que no comprometan la sostenibilidad.

Un desafío paralelo y urgente es el mercado laboral, el que estima que el desempleo se mantendrá en torno al 8.7% en 2026, con alta informalidad y brechas de participación (especialmente en mujeres, jóvenes y adultos mayores). En este sentido, se requiere un esfuerzo por parte del Ministerio del Trabajo y del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) con políticas activas de empleo mejor focalizadas, programas de capacitación vinculados a sectores en reactivación (como la construcción y la minería), y una inspección laboral reforzada para combatir la informalidad.

Más allá de los desafíos transitorios en lo económico, Chile enfrenta desafíos estructurales que requieren una visión de Estado. El caso de Paraguay, destacado por Forbes por su estabilidad y bajo endeudamiento, invita a reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia una economía de mayor valor agregado. La dependencia del ciclo del cobre, si bien proyecta términos de intercambio favorables, sigue siendo una vulnerabilidad.

La próxima administración deberá impulsar, desde ministerios como Economía, Ciencia y Corfo, una política de innovación y desarrollo productivo más audaz, que fomente la sofisticación de las exportaciones y la inversión en capital humano avanzado. Paralelamente, la modernización administrativa es un imperativo continuo. La digitalización de trámites, la simplificación regulatoria, la mejora en la evaluación de programas públicos y el fortalecimiento de los gobiernos regionales en el marco de la descentralización son tareas pendientes que impactan directamente en la eficiencia del Estado y la calidad de vida de los ciudadanos.

Francisco Nawrath Aros

Estudiante de Administración Pública Advance

Universidad del Alba