Silencio institucional frente a la trata de mujeres chilenas

Como ciudadana, me genera profunda preocupación la ausencia de una respuesta pública clara y oportuna del Ejecutivo frente al caso de trata internacional de mujeres chilenas con destino a Corea del Sur, un delito grave que involucra crimen organizado, víctimas identificadas y consecuencias fatales.

En un escenario de esta magnitud, resultaba esperable un pronunciamiento institucional coordinado por parte del Presidente de la República, Gabriel Boric, así como del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. No para interferir en investigaciones judiciales ni politizar el delito, sino para cumplir funciones básicas de conducción del Estado: reconocer la gravedad de los hechos, respaldar a las víctimas, informar sobre la coordinación interinstitucional y reforzar la prevención.

La trata de personas afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y de escasos recursos, precisamente a quienes este Gobierno dice representar cuando se autodefine como “feminista” y “del pueblo”. Frente a esta realidad, el silencio institucional no es neutro: debilita la prevención, transmite desorientación y profundiza la sensación de abandono de las mujeres más vulnerables del país.

Cada órgano del Estado cumple un rol distinto y complementario. La seguridad pública persigue y sanciona el delito; el Ministerio de la Mujer previene, protege y acompaña; y el Presidente conduce, articula y da señales claras de liderazgo. Cuando ninguno de estos roles se ejerce visiblemente, la crítica que emerge no es ideológica, sino institucional y práctica.

En materia de trata de personas, el Estado que llega tarde no protege.

Y un discurso que no se traduce en acción pierde coherencia frente a quienes más necesitan protección.

Rosario Zeppelin Errázuriz