Seguridad sin Estado: el contraste entre la reforma penal argentina y la parálisis chilena

Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma integral del Código Penal, moderna, coherente y orientada a fortalecer la seguridad pública, en Chile seguimos atrapados en la incapacidad política para tomar decisiones básicas. La diferencia es evidente: allá se discuten herramientas para enfrentar el delito; aquí seguimos discutiendo sin siquiera sesionar.

Hablar de penas más duras no sirve cuando el Estado ni siquiera puede garantizar que las sentencias se cumplan. De nada vale aumentar los castigos si el delincuente vuelve a las calles por fallas judiciales, fiscales o administrativas. Tampoco basta con construir más cárceles si desde su interior se ejecuta buena parte del crimen que afecta a la ciudadanía. No es un secreto que la mayor parte de las estafas telefónicas se originan tras los muros del sistema penitenciario. Esa es la prueba más clara de que el problema no es la falta de leyes, sino la incapacidad del Estado para aplicarlas.

Chile necesita un acuerdo real en seguridad, no discursos vacíos ni sesiones que fracasan por ausencia de parlamentarios. El país requiere un sistema penal que funcione, con inteligencia penitenciaria efectiva, con persecución del delito que no dependa del azar y con instituciones que dejen de mirar hacia el lado.

La ciudadanía no exige milagros, exige que el Estado haga su trabajo. Y en ese punto, lamentablemente, vamos muy por detrás.

Rodrigo Salinas Rojas

Coordinador Local – EsLibertad Chile