Reinserción juvenil bajo presión: la tragedia de San Bernardo reabre dudas sobre el nuevo sistema que reemplazó al SENAME

Chile tardó casi una década en cerrar el SENAME. El proyecto que dio origen al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ingresó al Congreso en 2017, durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. La ley N° 21.527 fue publicada en el Diario Oficial en enero de 2023, y el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores se concretó en enero de 2026. Tres gobiernos distintos sostuvieron esta transformación: lo que llamaríamos una política de Estado.

Es en ese contexto donde debe leerse la tragedia de San Bernardo.

Entre los imputados hay dos adolescentes de 17 años. Tras la formalización, ambos menores de edad quedaron bajo internación provisoria en centros del nuevo servicio. Es decir, hoy son los equipos del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil los que deben hacerse cargo de ellos. Y la pregunta que el país debe hacerse es brutalmente simple: ¿están esos funcionarios en condiciones reales de hacerlo bien?

La respuesta honesta es que todavía no lo sabemos. El sistema lleva apenas meses en funcionamiento en la macrozona centro. Las tasas de reincidencia asociadas al antiguo sistema reflejan décadas de intervenciones insuficientes sobre jóvenes en situación de alta vulnerabilidad. Cambiar el nombre del servicio no cambia esas trayectorias si los recursos, la especialización y la estabilidad de los equipos no están a la altura.

Los funcionarios que hoy reciben en los centros a los imputados de San Bernardo necesitan herramientas reales para hacer ese trabajo, no discursos ni buenas intenciones. Sin inversión, sin dotación suficiente y sin condiciones mínimas de funcionamiento, el nuevo servicio corre el riesgo de reproducir los fracasos del anterior bajo un nombre distinto.

A eso se suma una realidad que rara vez entra en el debate público: hoy muchos funcionarios deben intervenir en contextos de alta conflictividad, expuestos a agresiones, amenazas y episodios de violencia por parte de jóvenes con trayectorias delictivas complejas. Exigir resultados al sistema, sin discutir al mismo tiempo la seguridad, la formación especializada y el respaldo efectivo que reciben sus trabajadores, es otra forma de abandonar la reinserción en el discurso y dejarla sola en la práctica.

Resulta paradójico que la misma Cámara de Diputadas y Diputados que aprobó la reforma al SENAME y la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, y que además estableció la obligación de evaluar el sistema a los tres años de su entrada en vigencia, es decir el año 2027, sea hoy la misma que impulsa una reforma estructural sobre un servicio que lleva apenas meses de funcionamiento y que aún no ha sido sometido a evaluación alguna. El Congreso escribió con sus propias manos el mecanismo para medir si esta reforma funciona. Y antes de que ese mecanismo se active, antes de conocer sus primeros resultados, ya pretende desandar lo construido.

Legislar sobre el dolor legítimo de una tragedia, ignorando la institucionalidad que el propio Parlamento construyó durante años, no protege a las próximas víctimas. Solo garantiza que seguiremos discutiendo lo mismo después de la siguiente.

Daniel Barros González

Abogado

Presidente, Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (AFUSE)