Regulación financiera y opacidad: cuando la norma desplaza el riesgo

Tras la crisis financiera de 2008, el consenso regulatorio fue claro: fortalecer la estabilidad del sistema bancario mediante mayores exigencias de capital, restricciones operativas y una supervisión más estricta. Normativas como Basel III apuntaron precisamente en esa dirección. En términos formales, el objetivo se ha cumplido: los bancos son hoy más resilientes.

Sin embargo, este fortalecimiento ha traído consigo una consecuencia menos visible, pero jurídicamente relevante: el desplazamiento del riesgo hacia estructuras menos reguladas y más difíciles de supervisar.

La experiencia chilena ofrece un antecedente ilustrativo. Durante años, instituciones como Banco Santander Chile, Banco de Crédito e Inversiones y Banco de Chile canalizaron crédito hacia segmentos de mayor riesgo mediante filiales especializadas. La posterior intensificación regulatoria, en particular a través de la Tasa Máxima Convencional, redujo la viabilidad de estos modelos. El resultado no fue la eliminación del crédito de riesgo, sino su desplazamiento hacia canales menos formales y, en muchos casos, menos transparentes. En su expresión más extrema, este fenómeno se observa en la proliferación de préstamos informales conocidos como “gota a gota”, operados por redes delictivas que otorgan financiamiento inmediato con cobros diarios, intereses desproporcionados y mecanismos de coerción, incluyendo amenazas en caso de incumplimiento.

A nivel institucional, la supervisión ejercida por la Comisión para el Mercado Financiero ha fortalecido los estándares del sistema bancario. No obstante, este mismo proceso plantea una interrogante sobre el alcance efectivo del perímetro regulatorio: ¿qué ocurre cuando una parte creciente de la intermediación financiera se desplaza hacia actores no bancarios?

En el plano internacional, el crecimiento del crédito privado no puede entenderse sin considerar el efecto de la regulación posterior a la crisis de 2008. Normativas como Basel III encarecieron la mantención de ciertos activos en los balances bancarios, incentivando una migración progresiva del crédito hacia estructuras fuera del sistema tradicional. En este proceso, el banco deja de operar exclusivamente como prestamista directo y pasa a desempeñar un rol más complejo, estructurando, financiando y distribuyendo riesgo a través de distintos instrumentos y vehículos de inversión.

Este cambio no es meramente teórico. Casos recientes, como las restricciones de rescate en el fondo BlackRock Real Estate Income Trust de BlackRock Inc., evidencian que el problema no se manifiesta necesariamente en pérdidas inmediatas de valor, sino en la imposibilidad de acceder a la liquidez cuando esta es requerida. En otras palabras, el riesgo no desaparece, sino que se transforma en un fenómeno menos visible y más difícil de gestionar en escenarios de estrés.

Desde la perspectiva del derecho financiero, esto plantea una cuestión de fondo: la regulación ha logrado fortalecer la estabilidad de las instituciones bancarias, pero al mismo tiempo ha contribuido a desplazar parte relevante del riesgo hacia espacios donde la transparencia, la valorización de activos y la supervisión efectiva presentan mayores limitaciones.

Así, la discusión no debiera centrarse únicamente en la cantidad de regulación existente, sino en su capacidad para capturar la totalidad del sistema financiero. De lo contrario, se corre el riesgo de consolidar un entorno donde la estabilidad observada en el perímetro regulado convive con una creciente opacidad fuera de él, dificultando la adecuada evaluación de los riesgos que, en última instancia, la propia regulación busca contener.

Jaime Santana

Ingeniero en Telecomunicaciones y Gestión TI

Magíster en Filosofía, Política y Economía