Parlamentarismo de facto

Cuando las autoridades que están llamadas a respetar y hacer respetar el Estado de Derecho no sólo no asumen su responsabilidad y, por el contrario, son ellas mismas quienes lo vulneran, se enciende una luz roja que alerta acerca de una grave falencia para el recto funcionamiento del sistema democrático. Tal es el caso de lo que hoy sucede en nuestro sistema político con la práctica del denominado “parlamentarismo de facto” que proclaman y practican – ufanándose de ello – partidos, parlamentarios y dirigentes políticos de nuestro país.

En efecto, desde hace algunos años parlamentarios de diferentes partidos, desde la Cámara de Diputados, se han atribuido, bajo cualquier subterfugio, atribuciones que la Constitución Política de la República no les otorga y reserva exclusivamente al Presidente de la República, invadiendo entonces aquellas que le son privativas. Tal es el caso, entre otros episodios, de las acusaciones constitucionales infundadas a Ministros de Estado, que buscan alterar la facultad presidencial exclusiva de nombrar y remover a los miembros del gabinete, para establecer de facto el principio de que los ministros de estado deben contar con la conformidad del parlamento. Recordemos que esta práctica se ha aplicado incluso respecto del primer mandatario, como fue durante el gobierno del presidente Piñera para destituirlo, aun cuando no concurrían las causales establecidas en la constitución. El “parlamentarismo de facto” se ha manifestado también en la continua práctica de los diputados de dar inicio a la tramitación de proyectos de ley respecto de los cuales no tienen iniciativa, ya que – por su materia – la constitución la reserva exclusivamente al primer mandatario. Buscan así implantar la paridad total del parlamento con el presidente respecto de la iniciativa legislativa.

Una palmaria demostración del ánimo que existe en el parlamento de detener la acción gubernativa para imponer sus propios criterios, es la reciente presentación en la Cámara de Diputados de un voceado “tsunami” de casi 1300 indicaciones al proyecto de ley iniciado estos días por el gobierno fijando un indispensable “Plan de Reconstrucción Nacional”. Con este subterfugio se ha buscado detener su tramitación, obligar al gobierno a capitular en su iniciativa, o entregarse a las directrices de los partidos políticos imperantes.

Nuestra constitución, acorde con nuestra tradición política, establece un sistema de gobierno equilibrado en cuanto entrega al presidente las necesarias facultades para gobernar y administrar el país y al Congreso facultades de fiscalización, legislación y nombramientos. Este equilibrio de poderes debe respetarse y los parlamentarios no deben sentirse, movidos por ansias de poder, llamados a gobernar bajo la fórmula del “parlamentarismo de facto”, que rompe las reglas establecidas para nuestro sistema político, las que ellos son los llamados, primero que otros, a respetar.

Cuando no se respetan las normas en que se sustenta un sistema democrático y protagonista de ello son las propias autoridades que operan en él, el quiebre que se produce no es menor y el desprestigio de la actividad política y de sus dirigentes es mayor, amén que el país y su gente sufre las consecuencias directas de una contienda de poderes que lo paraliza.

Francisco Bartolucci Johnston

Abogado y docente universitario