No bastan las penas: la reinserción olvidada en el debate presidencial

En cada proceso electoral, los candidatos presidenciales parecen competir por quién ofrece la receta más punitiva: endurecimiento de penas, construcción de más cárceles y mayores facultades policiales. Sin embargo, se ignora casi por completo la otra cara de la seguridad pública: la reinserción social de quienes ya han cumplido condena.

Nuestro sistema penitenciario, saturado y carente de recursos, se ha convertido en una maquinaria de exclusión social más que en un espacio de transformación. Las cárceles chilenas no solo están sobrepobladas, sino que también carecen de programas efectivos y universales de educación, capacitación y apoyo psicológico. Los pocos programas que existen llegan a una minoría de internos por falta de cupos y financiamiento, lo que convierte el derecho a la reinserción en un privilegio selectivo.

Chile ha insistido durante décadas en la lógica del castigo, pero los índices de reincidencia revelan que este camino es un fracaso. La cárcel, lejos de rehabilitar, termina reforzando las dinámicas delictivas y perpetuando un círculo vicioso. El propio Estado ha reconocido esta necesidad al aprobar la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, pero en la práctica, su implementación ha sido insuficiente y no se ha extendido con seriedad al mundo adulto. ¿Cómo hablar de seguridad ciudadana si no existen condiciones reales para que una persona privada de libertad pueda reconstruir su vida al salir?

La Constitución garantiza un trato digno y humano a los internos (art. 19 N°7, letra a), y el Código Penal establece que las penas deben también favorecer la reinserción y prevenir la reincidencia (art. 3). Sin embargo, en la práctica, estas normas se incumplen sistemáticamente. Lo que impera es un sistema penitenciario que funciona como “escuela del delito” y un discurso político que reduce la seguridad a barrotes y candados, sin hacerse cargo de la raíz del problema.

No se trata de “ser blandos con el delito”, sino de aplicar políticas serias e inteligentes: acceso real a capacitación laboral, continuidad educativa, acompañamiento psicosocial y redes de apoyo al egreso. Repetir el mismo modelo punitivo —más cárceles y más penas— sin invertir en programas efectivos es insistir en un modelo que ya fracasó.

Si los candidatos presidenciales quieren hablar de seguridad con responsabilidad, deben poner la reinserción social al centro del debate. Una sociedad más segura no se construye encerrando más personas, sino ofreciendo oportunidades para que quienes cumplieron condena no reincidan. Ignorar esto es condenar a Chile a seguir atrapado en un círculo de violencia y exclusión.

Ricardo Bravo Cornejo

ABOGADO y Dr. Honoris Causa en DDHH