Muerte de niño en encerrona reabre debate sobre eficacia de la justicia penal adolescente

El sensible fallecimiento de un niño de 12 años en una reciente «encerrona», sumado al hecho de que la mayoría de los imputados son menores de edad, nos invita a reflexionar con urgencia sobre la eficacia de nuestro sistema de justicia penal adolescente. Si bien contamos con un marco normativo que se diferencia de los adultos, la realidad nos demuestra que las políticas públicas actuales tienen el desafío de ser más efectivas para frenar la reincidencia.

Hoy en día, el proceso penal contempla diversas medidas cautelares durante la investigación, las cuales van desde la internación provisoria hasta alternativas de menor intensidad. En la etapa de juicio, los informes periciales son determinantes para evaluar si el adolescente califica para sanciones no privativas de libertad u otras de menor gravedad como una forma de frenar la reincidencia y la puerta giratoria. Por esta razón, resulta necesario que estos informes sean elaborados por profesionales que acrediten un mínimo de cinco años de experiencia laboral y capacitaciones específicas. Un reflejo de esta exigencia se observa en el último llamado a postulación para peritos de la Corte de Apelaciones (bienio 2026-2027), en que explícitamente se solicita un mínimo de cinco años de experiencia laboral comprobable desde su titulación. Esta exigencia aseguraría la idoneidad técnica para evaluar variables críticas, tales como la presencia de un arraigo familiar contenedor, la reinserción escolar (dada la alta deserción en enseñanza básica), acompañamiento estricto en salud mental, pilar indispensable para una resocialización efectiva, entre otros.

Para abordar lo anterior, es necesario reformular la política pública y la normativa actual. En primer lugar, se debería crear una base de datos unificada de adolescentes infractores de ley que permita un seguimiento intersectorial. Asimismo, es clave incorporar programas municipales obligatorios para estos jóvenes con un enfoque sistémico e integral que involucre al núcleo familiar, puesto que cualquier esfuerzo que excluya a la familia estaría destinado al fracaso. Estas intervenciones deben incorporar educación obligatoria en habilidades blandas, empatía y escucha activa. Por otro lado, los programas de reinserción social deben capacitar a los jóvenes en oficios para alejarlos de la cultura de la ostentación y el policonsumo de drogas. Para lograrlo, sería importante generar alianzas estratégicas entre universidades y empresas privadas (Responsabilidad Social Empresarial) orientadas a la creación de centros de reinserción juvenil interdisciplinares e intersectoriales. Un acompañamiento asertivo en estos espacios ofrece una hipótesis de resultado mucho más eficiente, ya que mientras las instituciones sigan operando de forma separada, no será posible estructurar una política pública eficaz que rescate a los jóvenes de pares con contaminación criminógena.

Carol Fontena

Abogada & Perito Social Forense