Cartas al Director
Ministro en Visita zona sur, inculpado en dos querellas por prevaricación
Las querellas por prevaricación imprudente contra un ministro que continúa ejerciendo funciones en causas de derechos humanos, reabren el debate sobre la adopción de medidas que resguarden la confianza pública y la integridad de la función judicial.

Llama la atención lo que se ha dado a conocer en los últimos días respecto del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien, en calidad de imputado, ya enfrenta dos querellas por prevaricación imprudente y, pese a ello, continúa ejerciendo funciones jurisdiccionales en causas de derechos humanos, instruyendo procesos y dictando condenas de alta gravedad.
La prevaricación —esto es, dictar resoluciones manifiestamente contrarias a derecho por negligencia o ignorancia inexcusable— no es una falta menor, sino una de las infracciones más graves que puede cometer un juez, precisamente porque compromete la esencia misma de la función judicial: la correcta aplicación de la ley.
En este contexto, resulta legítimo preguntarse si los hechos no son lo suficientemente graves como para justificar una suspensión de funciones mientras se desarrollan las investigaciones.
La confianza en la justicia no se construye solo a partir de sus fallos, sino también de la transparencia, prudencia y responsabilidad institucional frente a situaciones que pueden afectar su credibilidad.
Claudia Fuentes Bozzolo
Periodista
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