Mi esposo tiene Alzheimer

Hace años suscribió un crédito hipotecario con la misma expectativa de miles de chilenos, construir un hogar, dar seguridad a nuestra familia y proyectar nuestro futuro. Jamás imaginamos que una enfermedad neurodegenerativa irreversible podría poner en riesgo no solo su salud, sino también la estabilidad de todo aquello que habíamos soñado y construido.

A medida que el Alzheimer avanza, desaparece su memoria, autonomía y la capacidad de comprender y responder por los actos propios, para el sistema financiero, la obligación permanece intacta. Actualmente mantenemos nuestro crédito al día. La pensión de mi esposo se destina, en gran medida, al pago del dividendo, mientras yo, como su única cuidadora, he debido renunciar a la posibilidad de desarrollar cualquier actividad laboral.

Quienes cuidan a una persona con Alzheimer saben que llega un momento en que el cuidado deja de ser una tarea y se transforma en una ocupación permanente. Por eso me aterra pensar en el futuro y en el momento en que sus necesidades de cuidado sean aún mayores, y nuestros recursos continúen comprometidos principalmente en mantener nuestra casa al día.

No desconozco la importancia de los contratos ni la necesidad de que existan reglas claras para el funcionamiento del mercado financiero. Lo que cuestiono es si nuestra institucionalidad está preparada para enfrentar situaciones donde la realidad supera las leyes limitadas que hoy dicen protegernos. Actualmente los créditos hipotecarios contemplan seguros colectivos de desgravamen que operan principalmente ante el fallecimiento del titular. Existen además seguros complementarios asociados a enfermedades graves o invalidez, pero muchas veces su costo encarece significativamente el financiamiento.

Para una familia que intenta acceder a una vivienda, la prioridad suele ser una sola y es lograr que el dividendo sea pagable. En consecuencia, muchas personas renuncian a coberturas adicionales simplemente porque no pueden costearlas.El problema aparece cuando la enfermedad llega años después (en nuestro caso tempranamente). Entonces la vivienda deja de ser únicamente un patrimonio, se transforma en el lugar donde aún existe orientación, rutina y estabilidad para una persona que lentamente pierde su conexión con el mundo que conocía, también significa redes de apoyo. Por eso resulta simplista sugerir que la solución es vender. Para muchas familias, una vez perdida la vivienda, no existe posibilidad real de volver a acceder a otra propiedad debido a la edad, la disminución de ingresos o la imposibilidad de asumir un nuevo crédito.

Aquí surge una pregunta que considero profundamente constitucional y ética, ¿cómo protegemos la dignidad de las personas y sus familias cuando enfrentan enfermedades irreversibles que destruyen progresivamente su autonomía? Chile envejece aceleradamente. Las demencias aumentarán durante las próximas décadas y, sin embargo, esta realidad parece ausente del debate público. Se discuten subsidios, contribuciones, acceso a la vivienda y financiamiento, se habla de un país de propietarios, pero muy poco se habla de cómo proteger aquello que ya fue construido cuando una enfermedad devastadora altera completamente la vida de una familia.

Durante los últimos meses he escrito a parlamentarios, ministerios, autoridades, estudios jurídicos e instituciones públicas. Incluso he presentado formalmente esta inquietud ante la Comisión para el Mercado Financiero. Hasta ahora no he obtenido respuestas que permitan abrir una discusión de fondo sobre esta realidad. Lo que me preocupa no es únicamente mi situación personal. Creo existen miles de familias que se ven enfrentadas al mismo escenario.

Me impacta que una persona con Alzheimer quede progresivamente marginada de la vida social, laboral e incluso jurídica, pero continúe siendo considerada plenamente capaz cuando se trata de soportar las consecuencias económicas de una deuda adquirida años antes de su enfermedad. También me preocupa que toda la carga termine recayendo exclusivamente sobre las familias afectadas y, finalmente, sobre el Estado, mientras el sector privado observa estos procesos como simples riesgos individuales.

Una sociedad equilibrada requiere un Estado presente, pero también instituciones privadas capaces de comprender que existen circunstancias extraordinarias que exigen respuestas más humanas y solidarias.No escribo buscando privilegios ni el incumplimiento de obligaciones legítimas. Escribo porque creo que ha llegado el momento de preguntarnos si los mecanismos actuales de protección responden adecuadamente a una realidad demográfica y sanitaria que ya está golpeando a miles de hogares chilenos.

Roxana Monsalve Alvarado