Lo que ocurrió, no ocurrió.

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegal la interceptación de ciertas conversaciones telefónicas, en el marco de una mediática investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional en relación con el caso “Democracia Viva”, ha implicado que la evidencia obtenida por este procedimiento ya no podrá ser usada y, adicionalmente, ha llevado al reemplazo del fiscal.

Como ocurre en parecidas situaciones, las opiniones no son coincidentes.

El oficialismo, que llegó a sostener que hubo “espionaje telefónico”, se muestra satisfecho. La oposición, por el contrario, expresa que lo resuelto es parte de un público esfuerzo por evitar que se conozca la participación punible de todos los que podrían haber participado, en una u otra forma, en diversos delitos en el uso de los recursos públicos asignados a dicha fundación.

Se han repetido las usuales frases: investigar hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. Ya veremos.

En el intertanto me permito plantear al paciente lector una personal inquietud, que quizás también él comparta.

Todo aquel que está medianamente informado de la actualidad ya conoció muchos de los textos de las conversaciones sostenidas entre diversas personas que, en una u otra forma, aparecen involucradas en el tema que se investiga.

Una cosa es que los jueces dispongan que se borre de la memoria de la investigación lo que, según ellos era ilegal que se hubiera escuchado, pero otra, muy distinta, es que se borre de nuestras memorias o no se haya dicho.

Así, cada uno ya se ha formado su propio juicio, independiente de lo que finalmente llegue a establecer el nuevo fiscal y se acredite en tribunales. Lo vimos o lo escuchamos o lo leímos, no hay vuelta atrás.

Siendo así me atrevo a plantear una analogía.

Desde el mismo 4 de septiembre de 1970 hasta nuestros días pareciera prevalecer una visión bastante idealizada de los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende. Por algo tiene una estatua frente a La Moneda, donde los guías de turismo detienen a sus clientes para repetirles la referida idealizada versión. Lo he escuchado, no lo invento.

Pero quienes los vivimos, incluyendo por supuesto a los “conversos”, no la compartimos.

Muchos esfuerzos pueden hacerse para borrar la Historia, pero ahí está. Igual que el pasado reciente que, afortunadamente, está muy fresco.

Me detengo finalmente en otro intento de alterar los hechos y que ha vuelto a ser denunciado públicamente en estos días.

Me refiero a todas las prevaricaciones que siguen cometiendo los tribunales “de justicia” en los procesos por causas de derechos humanos, en particular la ficción jurídica del secuestro permanente, cuando se condena por mantener secuestrada una persona con el solo mérito de acreditar su detención hace 50 años, incluso cuando los supuestos secuestradores ya han fallecido, y, en subsidio, se recurre a condenar a cualquiera que hubiera estado ahí o que debiera saber.

Es el realismo mágico de nuestros tribunales.

Humberto Julio Reyes