Ley de Presupuestos 2026, nadie quiere asumir los costos

Dentro del Ciclo Presupuestario, todos los años el Presidente de la República por orden constitucional, tres meses antes que empiece a regir debe enviar el proyecto de Ley de Presupuestos, y como es común, previo a una elección presidencial, al no existir la reelección inmediata en Chile, tanto los candidatos de oposición y aún los oficialistas señalan la falta de “liquidez” y la “estrechez” fiscal que quedará para el primer año de gobierno.

En este punto, ante un gasto público desbordado en los últimos años, duplicándose la deuda pública llegando para el 2025 a un 41% del PIB [1], mucho se ha discutido, especialmente entre los candidatos presidenciales sobre una reducción del gasto público y un proceso de consolidación fiscal que reestablezca un balance estructural positivo, toda vez que ha sido negativo para el año 2024 con un 3,3% y se proyecta para el 2025 siga en dichos términos.

La Comisión asesora para la reforma Estructurales al Gasto Público constituida en mayo de 2025 hizo 34 recomendaciones para racionalizar el gasto, señalando que podría dichas medidas generar un ahorro hasta US$2 mil millones anuales, (0,6%PIB) y los candidatos presidenciales han señalado una reducción del gasto fiscal en cifras que bordean en US$8 mil millones en cuatro años (Matthei), disminución por US$6 mil millones en un lapso de 6 meses (Kast) y a lo menos no aumentarlo (Jara).

Todas estas medidas e ideas tienen una premisa, que en Chile no existe un organismo externo que evalué el gasto público y específicamente lo realice analizando las políticas públicas ejecutadas por un gobierno dentro de su periodo. En dicho sentido se han elaborado algunas propuestas inespecíficas y otras más concretas que han generado un proyecto, pero ninguna ha logrado convertirse en ley hasta la fecha. En este sentido se destaca el proyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas, Boletín N° 9247-31, del año 2014 del Presidente Piñera, y el actual proyecto de Ley que Crea la Agencia para la calidad de las Políticas Públicas y la productividad, boletín N°16.799-05, del año 2024, donde ambos refuerzan la idea de una institucionalidad que traspase los periodos presidenciales y que promueva la eficiencia, eficacia y transparencia del Estado, más allá de los actuales organismos de control que son propios del poder ejecutivo, en este caso la DIPRES y los autónomos como la Contraloría General de la República, que no puede analizar el mérito de una política pública y la labor del Congreso Nacional, que por sus labores, aprueba el presupuesto, pero el seguimiento del mismo queda limitado por la falta de herramientas para el control, aun cuando existe la Unidad de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado (OPS), esta no es suficiente ya que ni siquiera tiene un analista por cada ministerio o partida presupuestaria.

Sin lugar a dudas, Chile necesita un organismo externo de control del gasto público, ya que nadie quiere asumir los costos de la reducción del presupuesto y cada nuevo “ciclo presupuestario” se vuelve a discutir lo mismo, pero las estadísticas muestran que pasan los años y cada día más aumenta el gasto Fiscal. Es importante destacar que no tenemos que esperar que nuestro Estado este totalmente desfinanciado para que ocurran cambios estructurales, eso ya pasó el año 1975 y se generó el Decreto Ley N° 1.263 de Administración Financiera del Estado, ¿estaremos ya en tiempos de controlar el gasto público? O ¿necesitaremos nuevamente una crisis para regularlo?

Carlos Montalva Pérez

Abogado

Magíster en Derecho Público

Universidad de Chile

Experto en derecho presupuestario

[1] Estadística de la Deuda Pública, Ministerio de Hacienda, Junio de 2025.