Ley de notarías: un duro golpe a la digitalización de trámites

El proyecto de Ley de Notarías que modifica el sistema registral y notarial fue despachado por el Senado el pasado 1 de julio, marcando un hito largamente esperado por quienes buscaban reducir los costos y tiempos de los trámites legales. La iniciativa propone un nuevo sistema para nombrar notarios, archiveros y conservadores, y que estará a cargo de la Alta Dirección Pública y, finalmente, del Ejecutivo, además de establecer requisitos básicos para la infraestructura, el equipamiento, la presencia en línea y los horarios de atención.

Si bien el proyecto incorporaba medidas orientadas a la modernización del sector, como habilitar fedatarios, aumentar el número de notarías y permitir la firma electrónica de escrituras públicas, algunos de estos elementos clave fueron retirados durante la tramitación legislativa, lo que genera incertidumbre respecto a cuánto del proceso se digitalizará efectivamente en beneficio de los usuarios.

Durante la discusión parlamentaria, se excluyeron propuestas como la eliminación de restricciones a la firma electrónica en trámites, como por ejemplo en escrituras públicas, lo que, según expertos, representa una oportunidad desaprovechada para modernizar un sistema caracterizado por su alta dependencia de gestiones presenciales.

Este proyecto de ley que buscaba modernizar el sistema notarial terminó eliminando aspectos clave de la digitalización que habrían significado un avance real para los usuarios. Aunque se amplía la digitalización de ciertos trámites, se restringe la posibilidad de que estos sean completamente electrónicos, manteniendo la obligación de firmar en papel y acudir presencialmente.

Realidades contrapuestas

El informe “Estudio de Mercado sobre Notarías” de la Fiscalía Nacional Económica en 2017 ya advertía que la falta de competencia, la ineficiencia y la baja digitalización generaban costos excesivos, estimando potenciales ahorros anuales de hasta 149 millones de dólares si se transitaba hacia un sistema más ágil y tecnológico. Sin embargo, la presión de intereses gremiales terminó por frenar un cambio de fondo que, en la práctica, habría beneficiado principalmente a las personas y a las empresas.

Al final, lo único que se está haciendo es permitir al notario cobrar más, mientras que el usuario debe seguir haciendo lo mismo: firmar todo en papel y de forma presencial. Esto no nos impacta directamente porque se mantiene el esquema actual, pero es una tremenda pérdida para los usuarios, que pudieron haber ganado tiempo y reducido costos.

Para empresas especializadas en firma electrónica avanzada, como IDOK, la decisión de mantener la presencialidad de los trámites notariales contrasta con los esfuerzos del propio Estado en materia de transformación digital, interoperabilidad y reducción de burocracia.

La modernización notarial habría sido una oportunidad para robustecer los procesos digitales, generar más confianza y entregar mayor flexibilidad a los usuarios. En cambio, se optó por un enfoque mixto que mantiene barreras innecesarias en una era donde la tecnología ya está disponible y probada.

Desde el punto de vista económico, esta decisión representa un gasto innecesario en tiempo y recursos para los ciudadanos, las pymes y los emprendedores, quienes seguirán interrumpiendo sus actividades productivas para realizar gestiones presenciales que podrían ejecutarse de manera remota, segura y eficiente mediante plataformas digitales.

Marcelo Mora

CEO de IDOK