Ley de Convivencia Escolar

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Convivencia Escolar constituye un avance al reconocer que la convivencia, el bienestar y la prevención de la violencia deben ocupar un lugar central en las comunidades educativas. Sin embargo, es inevitable preguntarse si los establecimientos cuentan hoy con las condiciones necesarias para implementar lo que la normativa exige.

En Chile se ha vuelto frecuente responder a problemas complejos mediante nuevas leyes, pero con demasiada frecuencia estas no van acompañadas de los recursos humanos, económicos y técnicos que permitan hacerlas efectivas. Se asignan nuevas responsabilidades a las escuelas y a los equipos de convivencia, mientras muchos establecimientos ya enfrentan una sobrecarga derivada del aumento de las necesidades de salud mental, inclusión educativa, violencia escolar y apoyo a las familias.

La convivencia escolar no mejora únicamente incorporando nuevos protocolos o ampliando las obligaciones institucionales. Requiere equipos interdisciplinarios fortalecidos, formación continua para docentes, tiempos adecuados para la prevención y una inversión sostenida que permita intervenir antes de que los conflictos escalen. Sin esas condiciones, existe el riesgo de que una buena intención termine transformándose en una nueva carga administrativa para comunidades que ya trabajan al límite de sus posibilidades.

Las leyes son necesarias, pero también lo es garantizar que quienes deben implementarlas cuenten con las herramientas para hacerlo. De lo contrario, seguiremos confundiendo la creación de nuevas normas con la solución de problemas que requieren, además, decisiones concretas en materia de financiamiento, apoyo profesional y políticas públicas de largo plazo.

Camila Navarrete

Académica Facultad Psicología

Universidad UNIACC