La violencia como eje central en los espacios educativos: un desafío social y jurídico

El uso de la violencia dentro de los entornos escolares y juveniles se ha consolidado como un fenómeno recurrente, debilitando mecanismos esenciales, propios de una convivencia adecuada para la resolución de conflictos, el bien estar de la sana convivencia y la protección de los derechos humanos.

Durante las últimas semanas, se han registrado diversos hechos violentos en distintos recintos educativos del país, que evidencian la gravedad de este fenómeno, tanto para la sociedad y el sistema educativo. Entre los casos más relevantes se encuentra el ataque al liceo Lazaeta de Calama. En general podemos notar que en distintos establecimientos educacionales nos enfrentamos a situaciones de acoso, agresiones, amenazas, utilización de armas ya sean blancas o de fuego, estas situaciones que cada día se visualizan con mayor frecuencia, reflejan la deficiencia en el manejo y prevención de la violencia escolar. Estos episodios no constituyen hechos aislados, más bien nos muestran que existe un problema estructural, desafíos críticos al sistema educativo y al marco jurídico, particularmente en la protección de derechos, responsabilidades institucionales y deberes del Estado frente a los estudiantes.

Si bien, contamos con normativas como la Ley de Violencia Escolar (Ley N° 20536) que, establece mecanismos y promueve la prevención a la violencia física, psicológica, hostigamientos o agresiones. La recurrencia de tales actos sugiere revisar su eficacia. Esto no solo genera un impacto a la estructura jurídica que nos impulsa a buscar e implementar medidas y protocolos más eficaces, sino que, establece un impacto social de desconfianza e inseguridad hacia los sistemas educativos y judiciales.

En este contexto, no es menor analizar las múltiples causas que subyacen a conductas violentas, ya que el problema no se limita únicamente al desenlace y sus consecuencias, sino de manera amplia, en problemáticas que perpetúan y fomentan la violencia. Así mismo es bueno mencionar que todos estos episodios violentos han fomentado estigmas, prejuicios y discriminaciones a las personas que presentan Trastorno del Espectro Autista, dejando que adquieran una mayor dificultad para desenvolverse en la sociedad.

En síntesis, el desafío central es prestar atención rigurosa a la educación y estudiantes, abordar dinámicas acordes a una solución cercana al diálogo y empatía, fortalecer normas y programas de prevención a la violencia, instaurar un espacio para la educación emocional, implementar y capacitar equipos para gestionar conflictos e intervención, manteniendo una vigilancia periódica sobre la eficacia normativa, de otra manera, esto solo tendrá ejes para ir en ascenso.

Merari Dafne Huaiquil Mendoza