Cartas al Director
La fallida ley de protección de datos
A pocos meses de la entrada en vigor de la Ley N°21.719, la falta de constitución de la Agencia de Protección de Datos amenaza con debilitar la aplicación efectiva de la nueva normativa. El autor advierte que, mientras las empresas comenzaron tardíamente a prepararse, ahora es el propio Estado el que aparece incumpliendo los plazos y dejando en incertidumbre la fiscalización del nuevo sistema.

Después de una tramitación parlamentaria de más de siete años, con grandes lobbies y presiones en contra y cierta polémica por el alto estándar que imponía, se promulgó la Ley 21.719 que modificaba la ley anterior 19.628 y dotaba al país de una nueva regulación que se esperaba protegiera a los titulares de los datos como no se venía haciendo hasta la fecha.
Un proceso largo y duro con un periodo de entrada en vigor de la Ley que algunos catalogaron de extenso y sus “interesados” detractores tildaban de muy corto, que ha seguido su curso y hoy a meses de la llegada del mil veces nombrado 1 de diciembre adolece de los mecanismos claros y concretos para su correcta aplicación.
Hace unos meses en otra carta manifestaba mi sorpresa por la poca preocupación que detectaba en las empresas y organizaciones en ponerse a trabajar para poder cumplir con los altos niveles de exigencia que se empezarían a aplicar en breve en Chile.
Recuerdo terminar mi escrito con una frase en la que apostaba por evitar que como siempre los latinos no fuéramos estudiantes de última hora.
El pasado mes de junio debía estar creada la Agencia de Protección de Datos chilena (seis meses antes de la entrada en vigor)….estamos a mediados de julio y nada se vislumbra sobre la misma. Rumores mal o bien intencionados ya hablan sin tapujos de prorrogar la entrada en vigor al menos un año o incluso más.
En un momento el que, por fin las empresas comenzaron a hacer sus deberes y se preocuparon (ya es tarde para ocuparse ahora toca preocuparse) por adaptar sus organizaciones a este nuevo estándar internacional, nos encontramos con que el que no ha hecho los deberes es el Estado.
Sin Agencia que fiscalice y proteja los derechos de los titulares de los datos, la Ley queda descafeinada y sin posibilidad de una aplicación real.
Al final se premia al incumplidor y el esfuerzo del cumplidor queda en una mera satisfacción interna o empresarial.
Nunca pensé que el estudiante de última hora fuera a ser en este caso el Estado de Chile.
Sobran los comentarios….
Alfredo Moreno
Socio Director | ECIJA Chile
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