Cartas al Director
La crisis de gestión y el vicio oculto del control en la educación chilena
Un análisis crítico sobre la crisis de gobernanza y rendición de cuentas en el sistema educativo chileno, que revela cómo la sobrecarga burocrática, la lógica del compliance y la obsesión por la métrica han desplazado la misión pedagógica. Bajo el paradigma del “Desgobierno de la Buena Intención”, las reformas bienintencionadas se ven neutralizadas por una estructura gerencial y punitiva que confunde el cumplimiento formal con la calidad educativa, debilitando tanto la autonomía como la probidad real de las instituciones escolares.

Un examen académico y detallado que expone cómo la crisis de Gobernanza y Accountability en Chile, ejemplificada en la fallida transición a los SLEP, en la herencia municipal y la presión sobre los Sostenedores Particulares, se reduce a una contradicción fundamental: la obsesión por la métrica y la traza documental (Compliance) desvía la energía de la tarea pedagógica y de probidad real, resultando en un sistema inestable y propenso a la opacidad.
El sistema educativo chileno se encuentra atrapado en una profunda tensión, un fenómeno que he denominado el «Desgobierno de la Buena Intención». Este paradigma describe cómo las reformas progresistas, orientadas a la equidad y la calidad, son sistemáticamente neutralizadas al insertarse en una arquitectura institucional profundamente modelada por la lógica de mercado, la competencia y el control gerencial. En este escenario, la Gobernanza y la Accountability (Rendición de Cuentas) no actúan como garantes de la calidad, sino como mecanismos de presión y estandarización que confunden el cumplimiento formal con la excelencia educativa.
I. La Gobernanza gerencial y la crisis del sostenedor
La Gobernanza Educativa en Chile ha adoptado crecientemente un enfoque de New Public Management (Nueva Gestión Pública), donde los principios de eficiencia, estandarización y resultados son prioritarios. Esta visión, que instrumentaliza la dirección de los establecimientos, exige a todos los sostenedores (públicos y privados) operar bajo una lógica de liderazgo técnico-administrativo que a menudo se superpone al liderazgo pedagógico.
La herida abierta de la transición a los SLEP
El caso más paradigmático de esta crisis de gobernanza lo constituye la transición desde los Departamentos de Administración Educacional Municipal (DAEM) hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), impulsada por la Ley N° 21.040 (Nueva Educación Pública). La «Buena Intención» detrás de esta reforma fue la profesionalización de la gestión y la despolitización de la administración escolar. Sin embargo, su implementación ha revelado problemas estructurales críticos:
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Fragilidad institucional y opacidad: La transición ha generado una etapa de inestabilidad y dislocación administrativa en los territorios. La gestión municipal, aunque criticada, poseía experiencia operativa. Los nuevos SLEP han enfrentado desafíos graves en el traspaso de personal, infraestructura y, crucialmente, la capacidad de pago. Esto se traduce en un desgobierno administrativo donde la urgencia de la operación diaria (pago de sueldos, mantenimiento) consume la energía que debería destinarse a la gestión pedagógica estratégica.
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Centralización burocrática: A pesar de descentralizar la gestión del nivel central del MINEDUC, los SLEP se mantienen atados a una gobernanza centralizada y altamente controlada por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). Los directores de SLEP deben responder a múltiples stakeholders (Directores de escuelas, Mineduc, comunidad) en un contexto de recursos limitados y bajo la presión constante de la Accountability performativa. Esto limita la autonomía territorial que la ley aspiraba a generar, concentrando la gestión en el cumplimiento de trámites y reportes.
La presión en el sector subvencionado
En el sector particular subvencionado, la Gobernanza se enfoca en asegurar el Compliance Escolar, o cumplimiento normativo. La figura del sostenedor debe actuar como un agente institucional estratégico, obligado a demostrar transparencia y probidad en el uso de los fondos públicos. La gestión se convierte en un ejercicio constante de liderazgo legal, técnico y ético, donde la preocupación por el control financiero a menudo consume la prioridad pedagógica.
II. Accountability: La tiranía de la métrica y la sobrecarga punitiva
El eje central que somete a la Gobernanza en todos los sectores es la Accountability chilena, la cual opera bajo una lógica de altas consecuencias punitivas en dos dimensiones:
1. Métrica performativa (SIMCE, Rankings, PISA)
La obsesión por el dato estandarizado —la Gobernanza Algorítmica— genera efectos perversos que distorsionan el currículum y la tarea docente:
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Segregación inducida y ética del miedo: La alta exposición de resultados (Rankings de la Agencia de Calidad) y las consecuencias asociadas (posibles sanciones) inducen una ética del miedo en los directores. Esta presión incentiva a las escuelas, tanto públicas como subvencionadas, a actuar estratégicamente para mejorar sus indicadores, lo que se traduce en selección sutil de estudiantes o una «gestión de la matrícula» que perpetúa la segregación. El SIMCE se convierte en un instrumento de diferenciación y estigmatización más que en una herramienta de mejora pedagógica.
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Reducción curricular (Teaching to the Test): La necesidad de «rendir cuentas» ante el sistema obliga al profesorado a priorizar el currículum evaluado por sobre el currículum real y las necesidades de la diversidad estudiantil. Se impone la estandarización de la tarea docente, limitando severamente la autonomía pedagógica y la posibilidad de innovación.
2. Compliance burocrático y el riesgo penal
La Accountability financiera ha generado un laberinto de requisitos documentales.
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Regulación financiera asfixiante: El Decreto N° 582 (MINEDUC) regula exhaustivamente el uso de las subvenciones, exigiendo a los sostenedores la trazabilidad documental de cada gasto. Este nivel de rigurosidad, aunque necesario para la probidad, crea una sobrecarga de cumplimiento burocrático. El sostenedor debe justificar cada insumo, cada servicio y cada contratación, lo que desvía recursos humanos hacia la gestión documental en detrimento del apoyo al aula.
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Riesgo legal ampliado: La Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos ha elevado el estándar de diligencia, exigiendo a los sostenedores adaptar sus Modelos de Prevención de Delitos (MPD) para mitigar el riesgo penal. La consecuencia es que la preocupación por el Control Interno y la Auditoría se vuelve una prioridad absoluta para la sostenibilidad institucional, obligando a los líderes a pensar más como abogados y auditores que como gestores educativos.
Conclusión: De la supervisión al liderazgo con sentido político
La Gobernanza Gerencial y la Accountability punitiva conforman un círculo vicioso que consume la energía del sistema: las estructuras de gestión se debilitan por la rigidez, y la fragilidad resultante es respondida con más control.
Para trascender este «Desgobierno de la Buena Intención», la educación chilena requiere un cambio de paradigma:
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Reorientar la Accountability hacia la Mejora Formativa: Se debe migrar de la métrica punitiva de altas consecuencias a un modelo de rendición de cuentas que se centre en la confianza profesional, el desarrollo continuo y la evaluación de procesos, utilizando el dato para diagnosticar y no para castigar.
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Fortalecer la Gobernanza de Colaboración: Empoderar a los líderes de escuela y de SLEP con la autonomía para que puedan tomar decisiones estratégicas ancladas en las necesidades locales. La Gobernanza debe ser un motor para la probidad ética y la integridad, no solo para el cumplimiento formal.
Mientras el sistema siga confundiendo la acumulación de papeles y el ranking de notas con la calidad educativa, seguirá perpetuando un modelo estructuralmente inestable, propenso a la opacidad y que, a pesar de su «Buena Intención» declarada, fracasa en su promesa de equidad.
Fernando Pérez Tapia
Doctorando en Educación y Liderazgo, Magister en Administración de Empresas, Contador Auditor, Licenciado en Educación.
Fundador y presidente de la Fundación para la Gobernanza y Gestión Educacional.
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