La caja negra de la inteligencia artificial entra a tribunales: Chile acelera la adopción; Argentina marca límites penales

Chile y Argentina avanzan por carriles distintos hacia un mismo objetivo: que la inteligencia artificial sirva a la justicia sin erosionar garantías. En Santiago, el Poder Judicial estrenó un buscador de jurisprudencia potenciado con IA que promete búsquedas más precisas sobre una base que supera 1,5 millones de sentencias. La presentación, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, subrayó la promesa de eficiencia y acceso, y consolidó a Chile como pionero regional en uso institucional de estas tecnologías al servicio de la comunidad jurídica. El hito es relevante no solo por la escala del repositorio, sino por lo que implica en transparencia, trazabilidad de filtros y auditabilidad de resultados, preguntas que ya forman parte del debate profesional.

En la otra orilla, la novedad llegó desde los tribunales bonaerenses. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate /Campana dictó un fallo inédito: consideró delito la creación de imágenes de abuso sexual infantil generadas mediante IA, aun sin víctimas reales identificables. La sentencia se apoyó en pericias técnicas y metadatos que demostraron la generación digital del material, y marcó un punto de inflexión: el contenido artificial no es neutro cuando reproduce patrones de explotación y daña bienes jurídicos tutelados. Es el primer pronunciamiento argentino que coloca explícitamente a la IA en el radar del artículo 128 del Código Penal y envía una señal a desarrolladores y usuarios sobre límites y responsabilidades.

Ambos movimientos se dan con marcos normativos en construcción. Chile ya cuenta con una Política Nacional de IA y empuja un proyecto de ley marco inspirado en estándares internacionales, que incorpora principios como transparencia, no discriminación y supervisión humana. Este andamiaje habilita que herramientas institucionales como el nuevo buscador no sean solo innovaciones tecnológicas, sino prestaciones estatales sujetas a reglas de trazabilidad, documentación y control.

¿Qué queda en el debe? Abrir la caja negra en clave procesal. Si un resultado algorítmico incide sobre derechos, su valor probatorio exige algo más que promesas de exactitud: hace falta “explicabilidad litigable”. En términos prácticos, identificar la versión del modelo usada en el caso, sus parámetros y registros de ejecución; exhibir variables efectivamente consideradas; y garantizar un entorno de prueba adversarial bajo medidas de confidencialidad. La discusión chilena sobre trazabilidad en el buscador y el fallo argentino sobre deepfakes de menores convergen en lo mismo: sin documentación, logging y peritaje algorítmico específico, la IA opera como oráculo. Y la justicia no puede descansar en oráculos.

La región tiene oportunidad de capitalizar ambos enfoques. Chile aporta el músculo institucional infraestructura con IA dentro del Poder Judicial y Argentina aporta el pulso jurisprudencial casos que fijan límites y balizan riesgos El próximo paso, compartido, es procesal: discovery algorítmico, cadena de custodia del modelo y carga dinámica de la prueba cuando la parte que invoca el sistema no ofrece mecanismos verificables. Solo así la IA deja de ser acto de fe y se vuelve prueba controlable; eficiencia sin impunidad técnica.

En un futuro cercano, la pregunta no será si la IA debe o no entrar a los tribunales, sino cómo garantizamos que no lo haga como una caja negra inaccesible. Como investigador en transparencia algorítmica, mi convicción es clara: solo si logramos abrir esa caja en clave procesal, la IA dejará de ser un acto de fe para convertirse en una prueba controlable; eficiencia sin impunidad técnica.

Ezequiel Brunner

Investigador en transparencia algorítmica

Estudiante de Derecho (Universidad Kennedy)