Cartas al Director
¿Jara abierta a modificar la Ley Lafkenche?
Durante el debate presidencial “Salmón Summit”, surgió un inédito matiz desde el Partido Comunista respecto a la Ley Lafkenche, abriendo la puerta a una posible reforma para corregir sus efectos sobre la inversión, el desarrollo costero y las propias comunidades indígenas.

En el reciente debate presidencial “Salmón Summit”, realizado en Frutillar, uno de los temas que marcó la jornada fue la permisología y la Ley Lafkenche. En ese contexto, llamó la atención la declaración de la candidata del Partido Comunista, quien manifestó estar dispuesta a revisar “ciertos defectos” de dicha norma.
Esto porque ante algunas declaraciones de la ex ministra del Trabajo criticando a la industria pesquera, y la posición de su partido respecto a los pueblos indígenas y el medioambientalismo radical, sus palabras abrieron una interrogante clave: ¿Qué tan dispuesta está a modificar la ley?
La ley Lafkenche propone la creación del espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo original era resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero. Sin embargo, esta ley tiene defectos importantes que no permiten ni el desarrollo socioeconómico indígena ni la realización de proyectos de inversión en las zonas costeras, abriendo la puerta al abuso de la institucionalidad.
En primer lugar, la ley impide el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas, ya que solo permite preservar el espacio otorgado con actividades menores como pesca de subsistencia, cultura y conservación.
En segundo lugar, la ley presenta una preocupante ausencia de criterios objetivos para acreditar el uso consuetudinario. Actualmente, esta acreditación es muy básica, ya que se valida únicamente con la demostración de dos hitos ancestrales ocurridos en el área solicitada, en un período de diez años consecutivos. Tampoco hay criterios claros para establecer límites en la extensión de las solicitudes. Como resultado, en la práctica se han ingresado solicitudes por extensiones desproporcionadas, muchas de ellas sin una justificación suficiente.
En tercer lugar, la ley implica un riesgo al paralizar inmediatamente cualquier proyecto. Al ingresar una solicitud de ECMPO, se suspenden nuevas concesiones, así como la renovación de derechos ya otorgados, sin necesidad de que la solicitud sea aprobada.
Para corregir los efectos negativos de la Ley Lafkenche, es fundamental introducir una serie de reformas que apunten a equilibrar el respeto por las tradiciones indígenas con el desarrollo económico y la certeza jurídica:
Por tanto, es necesario definir criterios objetivos para acreditar el uso consuetudinario por parte de las comunidades indígenas, junto con establecer un límite máximo de hectáreas que puedan ser solicitadas. Esto permitiría evitar postulaciones desproporcionadas, como las que se han presentado en los últimos años, y dar mayor certeza al proceso.
Adicionalmente, es fundamental hacer cumplir la ley y acelerar los tiempos de tramitación, ya que actualmente una solicitud de ECMPO puede tardar en promedio siete años en ser resuelta por los distintos organismos involucrados, lo que mantiene paralizada la inversión durante ese periodo. En este contexto, resulta necesario revisar el rol de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), debido a la lentitud en la elaboración de los informes consuetudinarios que son clave para avanzar en cada solicitud.
Asimismo, es menester permitir el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas, resguardando sin duda sus costumbres, tradiciones y una cultura profundamente valiosa. No obstante, también es necesario brindarles la posibilidad de llevar a cabo actividades productivas acordes a los desafíos y oportunidades de los tiempos actuales, superando así la visión que las limita únicamente a roles tradicionales.
Solamente corrigiendo estos 3 defectos de la polémica Ley Lafkenche, estamos frente a una real solución y no solo a una de tantas promesas de campaña que difícilmente pondrán freno al abuso de la ley.
Santiago Cruz
Investigador del Instituto Res Publica
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