Inacción administrativa, subejecución y daño social: el balance habitacional del MINVU al término del gobierno

El derecho a una vivienda adecuada no se satisface mediante anuncios ni porcentajes comunicacionales, sino a través de viviendas efectivamente construidas, mejoramientos ejecutados y subsidios oportunamente aplicados. Bajo ese estándar mínimo, el cierre del actual ciclo gubernamental deja un balance inquietante en materia habitacional: una profunda distancia entre la retórica del cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional y la realidad que enfrentan los comités de vivienda y mejoramiento, particularmente en regiones como Los Ríos.

Más que un problema de escasez presupuestaria, lo que se observa es una forma persistente de inacción administrativa, expresada en demoras injustificadas, llamados omitidos, prórrogas tardías y una incapacidad estructural de transformar recursos públicos en soluciones habitacionales concretas. El costo de esa inacción no es neutro: recae directamente sobre las familias más vulnerables, las organizaciones comunitarias y el tejido productivo local, generando frustración social y debilitando la confianza en la institucionalidad.

• EL “AVANCE” DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y LA DISTORSIÓN DE LA META

Por ejemplo, en la Región de Los Ríos se informó en su oportunidad un avance del 63,20 % del Plan de Emergencia Habitacional a octubre de 2024. Hoy casi el 90% según medios. (Rio en Línea, Septiembre 2025) Sin embargo, el Oficio Ordinario N° 2421, de 11 de diciembre de 2024, del SERVIU Los Ríos, obtenido vía Ley de Transparencia, permite comprender el verdadero alcance de dicha cifra.

Según ese documento oficial, de las 3.549 soluciones habitacionales contabilizadas como entregadas, cerca del 90 % corresponde a proyectos iniciados, financiados o sustancialmente avanzados durante la administración anterior, muchos de ellos con porcentajes de ejecución superiores al 80 % antes del cambio de gobierno. A ello se suma que el cómputo incluye subsidios de arriendo permanente para adultos mayores (DS 52), compras de viviendas ya construidas, leasing habitacional y proyectos DS 19 ejecutados por privados, lo que altera sustancialmente el sentido de la meta originalmente comprometida, orientada a la construcción de nuevas viviendas sociales (SERVIU Los Ríos, 2024a).

Desde una perspectiva jurídico-administrativa, esta forma de contabilización no es inocua. Presentar como cumplimiento estatal directo soluciones que no implican creación de nuevo parque habitacional ni ejecución material por parte del Ministerio, constituye una distorsión del principio de eficacia de la función pública, vaciando de contenido la promesa habitacional y alejándola de la experiencia concreta de los comités.

• EL DESPLOME DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y LA OMISIÓN DEL ÁMBITO CUALITATIVO PARA EL GOBIERNO

El daño social se vuelve aún más evidente en el ámbito del mejoramiento habitacional, especialmente en sectores rurales. El Oficio Ordinario N° 1822, de 13 de septiembre de 2024, del SERVIU Los Ríos, muestra con claridad una caída abrupta y sostenida en la entrega de subsidios de mejoramiento tras el cambio de administración.

Las cifras son elocuentes:

• Año 2022 (último año con presupuesto heredado): 220 subsidios de mejoramiento DS 10 .

• Año 2023 : 39 subsidios .

• Año 2024 : 0 subsidios .

• Año 2025 : escenario idéntico, sin llamados efectivos.

Este desplome no responde a una súbita desaparición de la necesidad habitacional, sino a decisiones administrativas que paralizaron los instrumentos, incluyendo la ausencia del llamado MAVE para 2025, dejando a cientos de familias rurales sin alternativa de mejoramiento (SERVIU Los Ríos, 2024b).

Aquí la inacción adquiere una dimensión particularmente grave: el mejoramiento es, para muchas familias, la única vía realista de acceso a una vivienda digna, y su paralización implica perpetuar condiciones de precariedad que el propio Estado reconoce como urgentes.

• DEMORAS ADMINISTRATIVAS Y DESIGUALDAD TERRITORIAL: EL CASO DE LOS RÍOS

A esta falta de ejecución se suma un tercer elemento estructural: los tiempos de tramitación. De acuerdo con antecedentes obtenidos vía transparencia, la SEREMI MINVU de Los Ríos presenta demoras que superan hasta en un 3000 % los tiempos de otras regiones en actos clave como prórrogas de subsidios y autorizaciones para inicio de obras.

El contraste es revelador:

• Los Ríos , con una población cercana a 400.000 habitantes, exhibe los tiempos más prolongados del país .

• Tarapacá , con población comparable, registra plazos sustancialmente menores .

• Atacama , con menor población, presenta tiempos intermedios .

• Regiones con el doble o triple de población , como Biobío o Metropolitana, muestran plazos promedio considerablemente más breves .

Esta disparidad no puede explicarse solo por carga de trabajo. Desde el punto de vista jurídico, configura una afectación al principio de igualdad territorial en la prestación del servicio público, donde el acceso a la política habitacional depende, en los hechos, del lugar donde se reside.

Tiempos de respuesta administrativa de SEREMI MINVU por región

(Antecedentes obtenidos vía Ley N° 20.285 de Transparencia)

• Los datos corresponden a plazos de tramitación administrativa informados por las respectivas SEREMI MINVU , obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública conforme a la Ley N° 20.285.

• Los valores se expresan en días corridos .

• El tiempo mínimo y máximo reflejan rangos reales de tramitación informados.

• El tiempo promedio corresponde al promedio declarado o calculado a partir de los antecedentes entregados.

• (*) Indica regiones en que el promedio fue expresamente informado por la SEREMI respectiva .

• (s/i) Sin información suficiente para determinar rango mínimo y máximo.

• LA MEGATOMA DE SAN ANTONIO: SÍNTOMA DE LA SUBEJECUCIÓN

El episodio de la megatoma de San Antonio (Cerro Centinela) permite observar las consecuencias finales de este modelo. Diversos medios de alcance nacional han informado que el Estado destinará alrededor de $11.000 millones para abordar la situación, recursos que provendrían de partidas no ejecutadas del presupuesto habitacional (El Mostrador, 2024; La Tercera, 2024; CNN Chile, 2024).

Más allá del debate sobre la solución específica, el dato institucional es claro: si esos recursos estaban disponibles al término del período, es porque los proyectos no se ejecutaron. En un contexto de déficit habitacional crítico, la existencia de fondos “sobrantes” constituye un indicador duro de ineficiencia administrativa, con efectos directos en regiones que quedaron sin llamados ni obras.

• Comités abandonados y erosión del tejido social

El impacto final recae sobre los comités de vivienda y mejoramiento, que cumplen una función esencial de organización social y canalización de la demanda. La inacción prolongada genera abandono de procesos, desgaste dirigencial, conflictos internos y deslegitimación del instrumento público. A ello se suma el perjuicio a pequeñas y medianas empresas constructoras, que ven paralizados proyectos por falta de actos administrativos básicos, afectando empleo y economía regional.

Este escenario se desarrolla, además, en un contexto de crecimiento sostenido de campamentos, con más de 120.000 familias viviendo en asentamientos informales a nivel nacional, según el último catastro de TECHO-Chile (2024). La evidencia comparada y los estudios de política pública coinciden en que la informalidad no se combate solo con control, sino con capacidad efectiva de producción habitacional, precisamente el eslabón que hoy aparece debilitado.

El balance habitacional al término del gobierno no puede reducirse a porcentajes agregados. La inacción administrativa, la subejecución y el maquillaje de metas han tenido un efecto social concreto: familias sin vivienda, mejoramientos paralizados y territorios tratados de manera desigual. En regiones como Los Ríos, el problema no fue la falta de necesidad ni de recursos, sino la ausencia de decisiones oportunas y de gestión eficaz.

Sin ejecución real, el derecho a la vivienda se transforma en una promesa vacía. Y cuando ello ocurre, no solo fracasa una política pública: se resiente la confianza básica entre el Estado y la ciudadanía organizada.

• LA TAREA INELUDIBLE DEL PRÓXIMO GOBIERNO

El próximo gobierno enfrentará una tarea que va mucho más allá de fijar nuevas metas numéricas. Su desafío central será reconstruir la confianza perdida entre el Estado, los comités de vivienda, las entidades patrocinantes y las familias que, durante años, han sostenido procesos habitacionales hoy erosionados por la inacción y la demora.

Ello exige, en primer lugar, reparar institucionalmente: revisar prácticas administrativas, corregir cuellos de botella y asumir con honestidad las fallas del período anterior. Pero, además, implica recuperar una mirada cualitativa de la política habitacional, especialmente en las regiones del sur del país, donde las condiciones climáticas, la ruralidad y la dispersión territorial hacen inviable una gestión estandarizada y burocrática.

No basta con aumentar cifras de “avance”. Se requiere equipos técnicos con experiencia real, capaces de conducir procesos complejos, priorizar, exigir rendimiento a sus unidades y acelerar tramitaciones sin sacrificar legalidad. Resulta sencillamente impensable —y jurídicamente injustificable— que una región como Los Ríos presente tiempos de respuesta del orden de un 3.000 % superiores a los de otras regiones del país con el mismo número de habitantes hace insostenible que esos equipos continúen a cargo de la gestión que han sido incapaces de llevar a cabo.

Si el Estado no es capaz de responder con oportunidad, el derecho a la vivienda y al mejoramiento habitacional se transforma en una expectativa vacía. La reconstrucción de esa capacidad —más que cualquier anuncio— será la verdadera medida del éxito del próximo ciclo gubernamental.

Samuel Pallotta Pardo

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado; Magister en Derecho Penal y Proceso Penal; Magíster en Derecho Público, Transparencia Regulaciones y Control; Magister en Compliance y Gobierno Corporativo (c); Diplomado en Derecho Penal Internacional; Derecho Administrativo; Derecho Público probidad en la administración del estado; Derecho Urbanístico y Diplomado Internacional en Derechos Humanos con Mención en Experto en Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Referencias

CNN Chile. (2024, 5 de diciembre). Montes y fondos para expropiación de mega toma en San Antonio: “Es parte de una reasignación que se hizo” https://www.cnnchile.com/pais/montes-y-fondos-para-expropiacion-de-mega-toma-en-san-antonio-es-parte-de-una-reasignacion-que-se-hizo_20251205/

El Mostrador. (2025, diciembre). *Megatoma de San Antonio: Gobierno confirma expropiación parcial y activa plan para evitar desalojo.*https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2025/12/02/megatoma-de-san-antonio-gobierno-confirma-expropiacion-parcial-y-activa-plan-para-evitar-desalojo/

La Tercera. (2024, diciembre). Gobierno defienda expropiación de terreno de megatoma en San Antonio. https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-defiende-expropiacion-de-terreno-de-megatoma-en-san-antonio/

Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos. (2024a). Oficio Ordinario N°2421, de 11 de diciembre de 2024. Valdivia, Chile.

Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos. (2024b). Oficio Ordinario N°1822, de 13 de septiembre de 2024. Valdivia, Chile.

TECHO-Chile. (2024). Catastro nacional de campamentos 2024–2025. https://cl.techo.org/

Rio En Linea (2025, septiembre 27) https://www.rioenlinea.cl/van-a-llegar-mucho-antes-a-la-meta-plan-de-emergencia-habitacional-roza-el-90-en-los-rios/