Evasión e informalidad: los elefantes en la sala tributaria

El pasado 14 de marzo, el gobierno del presidente Kast presentó las líneas centrales de su proyecto de reconstrucción nacional. Entre las medidas propuestas destaca la reducción de la tasa del impuesto corporativo para medianas y grandes empresas, desde el actual 27% a un 23%.

La idea no es nueva en el debate tributario chileno. Durante el segundo gobierno del presidente Piñera se propuso una rebaja similar, aunque a un 24%. En la misma línea, el ministro de hacienda del gobierno del presidente Boric contempló en su «Pacto Fiscal» una reducción del gravamen a tasas de entre el 24% y el 25%. Este patrón transversal refleja, en parte, una tendencia internacional: la tasa promedio de impuesto corporativo entre los países de la OCDE ha caído desde un 32% a aproximadamente un 23% en las últimas dos décadas, lo que genera presiones competitivas sobre economías que mantienen tasas más elevadas.

El argumento central que suele esgrimirse a favor de esta reducción es que una menor carga tributaria sobre las utilidades empresariales incentiva la inversión y, por esa vía, promueve el crecimiento económico. Sin embargo, la evidencia empírica al respecto dista de ser concluyente. Si bien existen estudios que documentan efectos positivos de las rebajas al impuesto corporativo sobre la inversión y el producto, la literatura especializada es heterogénea: hay investigaciones que apuntan a efectos neutros o incluso negativos, dependiendo del contexto institucional, el nivel de desarrollo del país y la estructura del sistema tributario en su conjunto. Afirmar de manera categórica que la reducción del impuesto corporativo impulsa el crecimiento sería, por tanto, una simplificación que no hace justicia a la complejidad del fenómeno.

Lo que resulta llamativo (y que ninguna de estas propuestas ha abordado con la profundidad necesaria) es que la discusión sobre la tasa corporativa se plantea de forma aislada, sin modificaciones sustanciales en dos variables respecto de las cuales sí existe mayor consenso sobre su impacto negativo en el crecimiento: la evasión tributaria y la informalidad económica, ambas con regímenes legales inconsistentes y hasta ahora poco funcionales.

Respecto de la evasión, si bien la introducción y modificación de las normas generales antielusión representó un avance relevante, esta medida resulta insuficiente si no se resuelve previamente un problema metodológico de fondo: la ausencia de una estimación robusta y estandarizada de la evasión en Chile. La evasión tributaria, no implica simplemente la pérdida de recaudación, sino que también es una distorsión en la asignación de recursos. Al generar una ventaja artificial de costos para quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias, la evasión penaliza a las empresas formales y competitivas, desincentiva la inversión de quienes operan dentro de la legalidad y, en última instancia, compromete la eficiencia del mercado como mecanismo de asignación. Esta distorsión no se corrige bajando la tasa impositiva.

En cuanto a la informalidad, su impacto sobre el crecimiento opera por una vía distinta pero igualmente significativa. Una economía con un sector informal de casi el doble del promedio OCDE (como es el caso de Chile) tiene una base productiva fragmentada. Ese estancamiento estructural limita la productividad agregada de forma mucho más determinante que la tasa del impuesto corporativo.

En síntesis, el debate sobre la tasa del impuesto corporativo, aunque legítimo, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio cosmético si no va acompañado de una agenda seria en materia de cumplimiento tributario y formalización. Bajar el impuesto corporativo puede mejorar márgenes, pero difícilmente transformará el entorno de inversión si persisten las asimetrías que genera la evasión tributaria y la informalidad.

Cristóbal Cabeza Barahona

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de O’Higgins